Un año exacto después de la intervención forzosa de la Superintendencia de Salud al Hospital Universitario de Sincelejo debido a irregularidades de todo tipo, la entidad decidió prorrogar la medida por un año más.
Eso significa que el Departamento y el gobernador como presidente natural de la junta directiva del centro asistencial, quedan sin control de este y todo lo manejará el Gobierno nacional.
La medida ha generado múltiples cuestionamientos porque luego de más de un año fue que se conoció, y sin mayor alcance, la primera rendición de cuentas por parte de Inés Bernarda Loaiza Guerra, agente interventora nombrada por el superintendente Fabio Aristizábal Ángel.
También te puede interesar: El Gobierno nacional interviene el Hospital Universitario de Sincelejo
El papel de la funcionaria ha sido poco visible para la comunidad porque pese a los múltiples requerimientos de la Asamblea y de la prensa, ha habido silencio.
Ella devenga, según estableció la Asamblea, 26 millones de pesos al mes y aunque no es sujeto de control político de la corporación departamental, se abstuvo de responder las cordiales inquietudes que siguen teniendo los diputados sobre el manejo del Hospital.
La mañana de este miércoles 20 de mayo, luego de un año de aparecer en cámaras, sucrenoticias.com vio por segunda vez a la interventora. Fue en el Centro de Sincelejo y la abordamos para preguntarle por qué de la falta de información, de la no respuesta a los cuestionarios escritos a través de correo y de Twitter vía sus asesores de prensa, pero nos aseguró que no los había recibido.
Le pedimos un número de telefónico de contacto para consultarle sobre posibles inquietudes, pero aseguró que no puede hablar sin autorización y admitió que es necesario mejorar la información a la comunidad sobre su labor. No se refirió, sin embargo, a las solicitudes de la Asamblea.
También te puede interesar: ¿Cómo está el H. Universitario tras 8 meses de intervención?
Inquietudes desoídas
Precisamente, tras conocer la prórroga de la intervención, la Asamblea de Sucre se mantuvo en sus críticas a la interventora y cuestionó lo que consideró una intervención aislada.
Karyme Cotes Martínez, presidente de la Asamblea, consideró que Loaiza ha sido una interventora «indiferente» a las solicitudes de los diputados en materia de información.
«Y lo que conocemos son informaciones de usuarios y de servidores del Hospital sobre sueldos atrasados y la compleja interacción y comunicación con la gerencia interventora y sus asesores, así como con proveedores de bienes, pues estos son de Córdoba y Bogotá», expresó Cotes.
La coadministradora señaló que la intervención al Hospital ha sido un ejercicio desarticulado que produce «más desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía».
«En los funcionarios, contratistas y en los representantes del pueblo que somos los miembros de asambleas y concejos», añadió.
sucrenoticias.com llamó a María Teresa Ortiz, presidente del sindicato de Anthoc Sucre, que representa a hospitales públicos, para conocer su posición frente a la ampliación de la intervención, pero su celular estaba apagado. Le dejamos un mensaje de texto.
También buscamos la opinión del gobernador Héctor Espinosa Oliver y desde la oficina de comunicaciones prometieron preguntarle sobre el tema.
En emergencia sanitaria y sin sueldo
Pese a los «avances» en el Hospital y de los que informó la Supersalud en un video, el problema más antiguo, el de la falta de pago a quienes allí laboran, no mejora.
La semana anterior empleados que nos pidieron no revelar su identidad nos aseguraron que a los de planta les deben marzo y abril, y a los que trabajan por cooperativa, entre 18 y 24 meses.
¿Qué viene?
Así resumió la Supersalud sus acciones para que el Hospital atienda la emergencia por la COVID-19:
La Supersalud informó este miércoles 20 de mayo en un comunicado de prensa que desarrollará un plan de acción para el próximo año de intervención cuyo principal objetivo es obtener la certificación de universitario.
«Además, deberá administrar e implementar las actividades y gestiones necesarias con el fin de lograr la razonabilidad de sus estados financieros, así como direccionar su funcionamiento a la recuperación económica y el equilibrio operacional (sic)».
En lo referente a lo económico durante el primer año de intervención, la Supersalud aseguró que ha recuperado mil 245 millones de pesos en títulos judiciales y un fallo favorable en primera instancia en dos procesos laborales.
«Con la contingencia para la atención de la pandemia, el hospital está haciendo inversiones por 12.000 millones de pesos en infraestructura y dotación, gracias a recursos logrados con la recuperación de cartera y por la de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y la Gobernación de Sucre», concluyó.
Del estado de las deudas actuales del Hospital, que a los 9 meses de la intervención eran de 108 mil millones de pesos, se desconocen datos públicos.
Este es un resumen gráfico de la Supersalud:
Comentarios en Facebook