La forma de Sucre (y otros) contratar el PAE resta cuantiosos recursos al erario

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Carlos Orta y el gobernador en el PAE de 2017, cuando el primero trabajaba para otra empresa.

La Auditoría General de la República cuestionó la forma como algunos entes territoriales están contratando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) porque destina jugosas sumas de dinero a comisionistas legales.

Carlos Rodríguez Becerra, jefe de esa entidad, llamó la atención de las administraciones no por utilizar la Bolsa Mercantil de Colombia, mediante la cual contratar es legal, sino porque teniendo equipos jurídicos capaces de asumir un proceso contractual prefieren acudir a la entidad privada.

«No tiene justificación que las entidades tengan que acudir a un tercero (Bolsa Mercantil), para que realice la contratación pública, cuando cuentan con la estructura administrativa necesaria para llevar acabo los procesos de contratación a través de aquellos mecanismos que no generan costos adicionales», informó el auditor en un comunicado.

¿Los investigarán?

El auditor fue más allá al pedirles a las contralorías que «verifiquen exhaustivamente los análisis realizados por las entidades que contratan bajo esta modalidad, con el fin de comprobar la existencia de estudios previos serios que determinen que el adquirir tales servicios en bolsa, se hará en mejores condiciones, que si se hace por fuera de ella».

«El utilizar esta clase de mecanismos de contratación, dificulta el ejercicio del control fiscal por cuanto los contratos que se realizan con el operador del PAE, no son contratos estatales, sino contratos de derecho privado que suscribe el corredor de bolsa, los cuales no son rendidos en las cuentas que las entidades territoriales les rinden a las contralorías, así como tampoco son subidos en el Secop. Los contratos rendidos corresponden a los de corretaje», añadió el auditor.

Información de la Bolsa Mercantil citada por la Auditoría indica que entre 2016 y 2018 hubo 34 contrataciones de PAE mediante el mecanismo de comisiones legales.

El total de recursos públicos invertidos fue de más de medio billón de pesos con 14 entidades territoriales y que giraron por comisiones y costos bursátiles asociados alrededor de 4 mil 600 millones, alrededor del 0,94 por ciento sobre el valor total contratado.

Con esa plata, según la Auditoría, se hubieran garantizado dos millones 100 mil complementos alimenticios adicionales «para la población infantil que tanto necesita».

El caso de Sucre

Lo que el gobernador Édgar Martínez Romero quiso al contratar con la Bolsa fue desligarse de posibles líos con la justicia tanto fiscal como penal y disciplinaria, pues después de que la Procuraduría ordenara investigarlo por irregularidades en el PAE, sostuvo que este proceso era una «papa caliente».

Entonces dejó en manos de la Bolsa Mercantil, y no de su oficina de contratación, este proceso que no lo libró de cuestionamientos, pues el de este año fue tan accidentado que incluyó una denuncia por parte de Carlos Horta, ganador del primer proceso con la Bolsa.

Él denunció en la Fiscalía que había sido presionado y amenazado para que no operara este proceso por más de 14 mil millones y entonces la Bolsa abrió una nueva puja.

El nuevo ganador ya está operando, pero queda sobre la mesa el papel del administrador de turno, que conociendo de antemano que el ejercicio de gobernar implica el escrutinio de la ciudadanía y de los organismos de control, acude a terceros para estos procesos, que de por sí, carecen de recursos para llevar alimentos a los niños más pobres de Sucre.

Las contralorías tendrán la última palabra en la decisión de investigar o no a quienes han gastado recursos en comisiones legales para este tipo de contrataciones.

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