El sinsabor que deja el fracasado contrato del PAE en Sucre

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Las palabras «Programa de Alimentación Escolar (PAE)» no son de grata recordación para los sucreños y menos para el gobernador Édgar Martínez Romero.

Este controversial programa ha ido de tropiezo en tropiezo en la administración de Martínez.

Él tiene abierto un juicio disciplinario al que lo llamó el propio procurador general Fernando Carrillo Flórez por presuntas irregularidades en la escogencia del operador.

Ese proceso está dormido y prueba de ello es que en la consulta ciudadana en la Procuraduría la fecha de la última actuación es el 21 de marzo de 2018.

Ese día Martínez presentó pruebas de descargos para intentar demostrar que hizo las cosas bien y que no contrató más que para conveniencia de los sucreños.

Con esa investigación inició su dolor de cabeza por cuenta de esta programa del que él mismo ha demostrado no ser muy gustoso por los líos que como gobernante le representa.

Así lo admitió el 5 de abril de 2018, cuando en una reunión con el Bienestar Familiar y la procuradora de Familia, Alma Lucía Benítez, esta le llamó la atención ante unos 100 funcionarios, luego de que él se quejara del PAE y lo llamara una «papa caliente».

“Es una verdad incómoda, dolorosa, como se quiera llamar, pero tenemos que hacerle frente a la situación y yo sé que usted no es inferior a este reto, doctor Martínez. Así que el llamado a es a priorizar. No tenemos otra opción, hay que arrancar con el PAE”, señaló la funcionaria.

La cara de Martínez lo decía todo, mano en la boca y cabizbajo, como casi nunca se le veía. La foto quedó como evidencia.

De atraso en atraso

El diputado Jairo Barona, férreo crítico de la gestión del gobernador frente al PAE y el único sin cuota burocrática en esa administración, se lamenta de que la alimentación escolar vaya de atraso en atraso y nunca haya atinado a brindar comida a los estudiantes desde el primer día de clases.

Para él, los PAE de 2016, 2017 y 2018 han sido poco exitosos debido al manejo «impropio» en la oficina de contratación de la Gobernación.

«Siempre ha tenido problemas. En el 2016 empezó en julio, en el 2017 para la misma fecha y ahora (2019) ya estamos en marzo, como quien dice, y el PAE no ha empezado. Esto no es sino una muestra de cómo se viene manejando la contratación en la administración. Como siempre, la que paga los platos rotos es la gente más vulnerable de nuestro departamento», consideró Barona.

El PAE de 2018 también tuvo problemas y retrasos, lo cual generó el regaño de la procuradora al gobernador.

Silencio administrativo

El PAE de 2019 fue negociado por la Bolsa Mercantil de Colombia el 11 de febrero pasado. El contrato, por $14.990 millones, se lo ganó el consorcio Nutriescolar Sucre 2019.

Al comunicar la noticia, la saliente secretaria de Educación de Sucre, Merlys Rodelo Martínez, se percibió un ambiente de aparente tranquilidad porque la repartición de raciones alimenticias iba a empezar, relativamente, a tiempo: el 25 de febrero.

Pero una semana después y de manera sorpresiva, Carlos Orta Bárcenas, el representante de Nutriescolar, anunció que se retiraba del negocio por falta de garantías, puntualmente, porque la Gobernación, según él, exigía invertir más dinero del disponible.

Al día siguiente, Orta denunció por amenazas y corrupción en el proceso al gobernador, al coordinador del PAE en la Gobernación y a antiguos contratistas del PAE en Sucre .

Él dio a entender que por esas presiones se había retirado de la operación.

El gobernador anunció, primero, una respuesta vía su asesor para contratos importantes, John Oviedo Pérez, y luego, un comunicado que nunca llegó.

Este viernes le hizo saber a su oficina de prensa que, definitivamente, no se pronunciará sobre el caso.

Los más perjudicados por este nuevo tropiezo son los 600 mil estudiantes de 600 sedes educativas de Sucre, que llevan más de un mes sin sus suplementos de alimentación.

Mientras la Gobernación busca otro operador, el tiempo sigue corriendo en contra de los alumnos, que forman parte de hogares pobres.

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