El juez deja libre al mayor Betancourth por falta de evidencias

Mayor Betancur, capturado. Foto: audiencias preliminares.
Angeles

El juez segundo penal municipal de Sincelejo ordenó este jueves, 23 de febrero, la libertad del mayor Cristian Alberto Betancourth Salamanca, quien estaba detenido como presunto partícipe de la masacre de Chochó.

El juzgado consideró que no hay ninguna evidencia de que el imputado haya participado en la privación ilegal de la libertad y tortura contra los jóvenes Jesús Díaz, José Arévalo y Carlos Ibáñez el pasado 25 de julio.

Entre las evidencias que el juez descartó están testimonios de policías, entre ellos del teniente coronel (r) Benjamín Núñez, señalado de matar a los jóvenes.

Esas incriminaciones contra el mayor no las tuvo en cuenta porque resultaron «discordantes con el resto del material probatorio».

Tampoco fueron claras las evidencias de la Fiscalía sobre la hora en la que pudo haber estado el mayor en la escena del crimen; hay contradicciones entre la salida del Comando y la llegada al denominado Cruce de la Muerte, en Chochó.

«A la hora en la que se cometían las lesiones el imputado no había llegado al sitio», recalcó el juez.

Al mayor también le favorecieron, al decir del juzgado, las declaraciones de dos civiles, una de ellas hermana de una de las víctimas, sobre la presencia de vehículos de color blanco con logos de la Policía. El mayor se movilizaba en una camioneta de otro color.

Las testigos distinguieron a policías uniformados, más no a policías vestidos de civil, como estaba vestido el mayor.

Sobre la presencia del mayor en la escena, pese a que este tenía funciones administrativas en el Comando, el juez consideró que este no se necesitaba autorización para acudir al sitio.

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Apelaron

La Fiscalía y los representantes de las víctimas apelaron la decisión. Didier Pizza y Javier Baquero, dos de estos últimos, señalaron que, si bien el mayor pudo no haber participado en la detención, sí podía impedir la detención ilegal de las víctimas debido a su alto rango.

La Procuraduría se mantuvo en pedir la libertad del mayor por falta de evidencias, lo mismo que el defensor.

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