Editorial-3 de agosto de 2018: Crimen… ¿y castigo?

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Tres casos judiciales aislados que involucran a un exalcalde, un exdirector de Comfasucre y cuatro policías activos nos ponen a reflexionar sobre el crimen y el castigo que este merece.

Como ciudadanos estamos en el deber de respetar la autonomía judicial y confiar en el aparato de justicia, pero cuando las consecuencias de presuntos criminales son inferiores a lo que presuntamente hicieron en contra de la sociedad, es inevitable cuestionarnos.

El caso de William Martínez Santamaría, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), volvió a estar estos días en la agenda noticiosa porque un juez de segunda instancia le otorgó el beneficio de casa por cárcel, pese a que el estado de salud de quien había sido cobijado con encarcelamiento es el de un paciente con depresión, internado en una clínica de reposo.

Vale la pena pensar si la medida, consecuencia del enjuiciamiento de Martínez como presunto determinador de tres homicidios, se corresponde con la gravedad del delito y del estado de salud del procesado.

El caso del exalcalde de Morroa, Juan Domínguez Carrascal, quien según la Fiscalía estuvo prófugo de la justicia, es el de un hombre en libertad por orden de un juez de garantías que considera que quien ya evadió su responsabilidad jurídica cumplirá con las citaciones que le impongan.

Y no menos cierto es que el delito por el cual investigan al exmandatario, peculado por apropiación en concurso con falsedad en documento público agravada y contrato sin el lleno de los requisitos legales, es per se un hecho reprochable porque fue cometido presuntamente contra niños, a los cuales iban dirigidos $250 millones de pesos de dos contratos de kits escolares.

Dos excolaboradores de Domínguez también quedaron libres, e igualmente, estuvieron prófugos.

Y no se puede dejar de lado el hermetismo de las autoridades cuando ocurren casos que involucran a sus funcionarios, lo cual no ocurre con los delincuentes comunes u organizados.

La captura de cuatro policías (no uno ni dos) en Sincelejo, por ocultar y alterar presuntamente evidencias en favor de dos civiles implicados al parecer en la muerte de un hombre en un accidente de tránsito, mostró que el tratamiento a los funcionarios ante la opinión pública es privilegiado.

Cuando se trata de ellos, la prensa es la última en enterarse (y por ende la sociedad) y, a diferencia de los casos comunes, no hay fotos ni datos. La justicia empieza por casa.

En todos estos casos, ¿hay crimen y castigo?

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