Alvarado, 13 años fuera de lo público por el fracaso del acuario de Tolú

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Ariel Alvarado Montes, exalcalde de Tolú sancionado. Foto de cortesía.

Cuatro años después de haber dejado el poder, Ariel Alvarado Montes, exalcalde de Tolú, fue destituido por la Procuraduría y enseguida inhabilitado por 13 años para el ejercicio de cargos públicos.

El motivo: ser responsable de un grave daño ambiental a especies de fauna y flora del fracasado acuario de Tolú porque el contratista no entregó un plan de manejo ambiental, como tampoco licencias de la autoridad ambiental, lo que causó la muerte de animales y plantas.

El contrato lo adjudicó por $636 millones 713 mil 511 pesos con 22 centavos y lo hizo pasando por encima del Concejo de Tolú, que no había autorizado el cambio del uso del suelo.

Donde funcionaba el acuario, que fue una efímera atracción para los turistas, quedaba un parque infantil que desapareció para darle paso a la accidentada obra, a cargo de OLT Constructores.

Pese a que el contratista no llenaba los requisitos, Alvarado ordenó el pago y «permitió que se propiciara un grave daño al medio ambiente, porque tenía conocimiento de que el contratista debía entregar el plan de manejo ambiental exigido en los estudios previos, y la presentación de licencias expedidas por la autoridad ambiental, omisión que causó el deterioro de la obra, y la pérdida de especies de flora y fauna marina, por falta de un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo»

Dinero público benefició a privados

«Así mismo, Alvarado Montes permitió que el contratista se beneficiara con dineros pertenecientes al erario, sin que la obra cumpliera el fin para el cual había sido contratada».

La misma sanción a Alvarado fue impuesta a Cristian Darío Barrios Góngora, quien era el secretario de Planeación y garante legal de la obra, y desconoció su obligación porque «omitió informar a la administración municipal del incumplimiento del contratista» y del cambio del uso del suelo.

La Procuraduría consideró que la conducta del entonces alcalde y del exsecretario es grave porque quebrantaron el principio de legalidad, el debido proceso administrativo y la eficacia de la función administrativa.

Los abogados de los sancionados apelaron la decisión y la deberá resolver la Procuraduría Regional de Sucre.

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