Organizaciones de la sociedad civil que conforman la Mesa Sucreña por la Paz expresaron su preocupación por la situación de violencia que vive el departamento de Sucre.
En un pronunciamiento escrito, la Mesa alertó del creciente índice de homicidios en Sucre, sobre todo en Sincelejo, que la Mesa describe como «capital en guerra».
En esta ciudad tiene en 2023 el comienzo de año más violento de los últimos 12 años. Enero y febrero cerró con 28 casos, mientras que en el mismo periodo de 2022 hubo 17.
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Las organizaciones consideran que Sincelejo está sitiada por la violencia y que ello no parece preocupar a las autoridades.
«Los grupos armados ilegales siguen copando el territorio, ejerciendo control sobre la población civil, quien siente la vulneración de sus derechos a la libertad y a la paz», manifiesta la parte inicial de un escrito compartido a la prensa.
También sobre la crisis
La Mesa también se refirió a la situación de calamidad que vive la Mojana por las inundaciones y a lo que está pasando alrededor de las obras de mitigación.
«La situación de la Mojana se ha convertido en una puja entre los gobiernos locales, el departamental y el nacional, donde prevalece el cálculo político-electoral por las elecciones de octubre antes que la responsabilidad del Estado y los entes territoriales de generar articulación y complementariedad para solucionar de manera definitiva las inundaciones», añade.
Las organizaciones califican de «manejo politiquero» esta problemática y señala que la disputa por el control de los recursos «está por encima del bienestar de los habitantes de la Mojana».
Piden una sesión
Otro de los puntos sobre los cuales se pronunció la Mesa es el de Ovejas, donde hubo detenidos luego de protestas sociales que reclamaban agua potable, transporte escolar, vías terciarias y prevención del dengue. Las manifestaciones fueron sofocadas por el Esmad por orden del alcalde.
La Mesa rechazó ese proceder y pidió la libertad de todos los detenidos, así como la veeduría de la Defensoría del Pueblo y el llamado a sesionar a la Mesa de Garantías para Defensores de Derechos Humanos.
«El lanzamiento de artefactos y gases lacrimógenos provocaron pavor en los manifestantes con consecuencias graves en mujeres que se desmayaron, niños, niñas y ancianos. Además fueron capturadas dos personas; Astolfo David Peña y Jesús Alberto Ruíz, quienes aún permanecen detenidos. La acción realizada por el alcalde, militarizando la protesta social, con la intervención del Esmad, es un contrasentido en relación con la política de diálogo y solución negociada de los conflictos adoptadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, constituye un desafío del gobernante y la fuerza pública a la política de Paz Total, que plantea negociación con todos los actores armados, mucho más con las comunidades que reclaman legítimos derechos», advirtió la organización.
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