Este lunes 10 de agosto recobraron la libertad los esposos Manuel Cadrazco Salcedo y Milagro Piedad Martelo Imbett, ambos procesados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El primero, alcalde del municipio de San Benito Abad por tercera vez, estaba detenido en la cárcel especial para funcionarios Las Mercedes de Corozal, mientras que su compañera estaba en casa por cárcel.
El alcalde y su esposa estaban privados de la libertad desde finales de septiembre de 2019, luego de ser detenidos el 12 de ese mismo mes.
La orden de libertad es de la juez IV penal municipal con funciones de control de garantías de Sincelejo, que determinó que después de 244 días no ha habido acusación formal, es decir, pasaron cuatro días adicionales a los que establece la ley para la acusación.
Las fiscalías 30 y 31 de la Unidad contra el Lavado de Activos de Bogotá argumentó en la audencia virtual donde les fue otorgada la libertad a los esposos, que ha habido dilaciones en el proceso porque en el caso del Juzgado Único Especializado, donde fue radicado el 6 de diciembre de 2019 el escrito de acusación, la juez se tomó dos meses, es decir, hasta febrero, para declararse impedida por amistad con el procesado.
El ente investigador explicó que inconvenientes como ese dieron lugar al vencimiento de términos. La Fiscalía pidió investigar las demoras en este proceso.
Ahora en libertad, los esposos deberán asistir a la audiencia de acusación el 23 de setptiembre, un día antes de que se cumpliera un año de haber sido detenidos.
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Puede ejercer
La detención era la única limitante para que el alcalde Cadrazco ejerciera, por lo que legalmente puede asumir el cargo.
Cadrazco ya está posesionado, lo hizo desde la cárcel, con compañeros de prisión y un guardián como testigos, poco después de conocerse su elección por el partido Mais.
Sin muchos bienes
El proceso de lavado de activos contra Cadrazco parte de horas de interceptaciones telefónicas en las que este admite hechos irregulares, según consta en las grabaciones.
Paralelo a la investigación por este caso, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio dos apartamentos y tres fincas valoradas en más de 17 mil millones de pesos, así como un carro y maquinaria pesada.
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