Gritos y reclamos airados de proponentes precedieron este lunes la suspensión de la audiencia para adjudicar en licitación la construcción de la vía Berugas-Ramal-Rincón del Mar, San Onofre, con un presupuesto de más de $50 mil millones.
Los ánimos caldeados se veían venir desde el momento en que John Oviedo, quien asesora al gobernador Édgar Martínez Romero en contratos, leía el estado de las ofertas e inconformes asistentes hacían gestos de desaprobación.
Fueron siete proponentes que pasaron a la final y solo dos quedaron habilitados, tras lo cual el asesor anunció que procedían a abrir los sobres de los dos aptos.
Ese anuncio provocó que la representante de uno de los consorcios habilitados estallara en reproches y pidiera la revocatoria del proceso.
Todo ocurrió en presencia del gobernador y del comité evaluador que reaccionaron, generalmente, con silencio.
El motivo
La fuerte discusión se originó porque la Gobernación habilitó a la firma Consorcio Vías y Equipos San Onofre 2020, pese a que esta acreditó solo 75 de los 90 días requeridos en los pliegos de condiciones para la póliza de seriedad de la oferta.
El más fuerte reclamo vino de Margarita Latorre, apoderada de la firma Consorcio Vial San Onofre 2019, quien pidió la revocatoria del proceso tras denunciar a gritos que el otro habilitado no cumple con los requisitos porque le faltan 15 días en el tiempo de la póliza.
Ella explicó a sucrenoticias.com que el comité evaluador había interpretado mal y en favorecimiento del Consorcio Vial San Onofre 2020, los días que piden para dicha póliza.
“La póliza de garantía de seriedad de la propuesta tiene que tener una vigencia de 90 días. En ningún aspecto dice si son hábiles o calendario”, sostuvo, para aclarar luego que el Código de Comercio y el Código de Régimen Municipal establecen que cuando no hay especificación, se debe entender que son días hábiles.
A su reclamo se sumaron el abogado Inocencio Meléndez, apoderado de una de las firmas y quien pidió la presencia de la Procuraduría en el salón Corcovao, donde transcurrió la diligencia.
Ante los altisonantes cuestionamientos, el gobernador salió del recinto con sus escoltas y en compañía, entre otros funcionarios, de Antonio Peralta Sánchez, secretario de Infraestructura.
Refuerzo policial
El mandatario regresó con sus colaboradores y con agentes de la Policía que reforzaron su escolta.
Eso no evitó que lo siguieran cuestionando con dureza y que proponentes exigieran revocar el proceso porque consideran que está amañado y, por lo tanto, es producto actos de corrupción.
Incluso, una de las asistentes aseguró que ese contrato lo están manejando desde una cárcel y otra agregó que Sucre es un departamento sumido en el atraso por culpa de la corrupción administrativa.
Los reclamantes denunciaron en voz alta y frente al gobernador, que la Procuraduría no había sido convocada al proceso y que el veedor Arnulfo Molina Polo, único identificable y constituido formalmente como tal, no ofrecía garantías.
Con todo y el escándalo, el comité evaluador dispuso abrir los sobres de los dos habilitados, al tiempo que los otros proponentes fotografiaban cada página porque creen que pueden ser adulteradas las propuestas luego de las denuncias.
La Gobernación dispuso reanudar la audiencia este martes, a las 3:00 de la tarde, en el mismo auditorio.
Los molestos proponentes anunciaron denuncias penales, fiscales y disciplinarias contra los responsables de este proceso.
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