Este viernes 27 de diciembre el detenido alcalde electo de San Benito Abad, Manuel del Cristo Cadrazco Salcedo, se posesionó en la cárcel para funcionarios de Corozal.
Cadrazco, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, acudió a una forma poco usual de jurar como mandatario.
Se posesionó ante cuatro testigos, dos particulares y dos compañeros de cárcel, y no ante ninguna autoridad como un juez, o un notario, como suele ocurrir en este tipo de casos.
sucrenoticias.com consultó con un jurista experto en lo electoral y nos aseguró que se trata de un acto legal, con validez jurídica, pero innecesario, si se tiene en cuenta que el gobernante electo está preso y no puede ejercer.
El real efecto de esta posesión es evitar que la Función Pública, entidad de la Rama Ejecutiva, declare la falta por parte del mandatario.
El acta de posesión con la firma de los cuatro testigos fue enviada a las partes interesadas: la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Sucre y el Concejo de San Benito Abad.
Sebastián Méndez, abogado de Cadrazco, aseguró al periódico El Meridiano que la forma de Cadrazco asumir el poder es legítima porque la ley habla de que se puede hacer ante un juez o un notario y también hay una norma vigente que permite hacerlo ante dos testigos.
Pese a esta movida, Cadrazco, elegido alcalde por tercera vez, no podrá ejercer por estar preso.
Ese escenario lo tiene claro porque le aseguró a El Meridiano que lo que sigue es que nombren un alcalde encargado para su pueblo y a partir del 1° de enero.
«(…) no necesariamente tiene que ser secretario. Ese encargo es hasta que se designe a un alcalde de la terna que debe enviar el movimiento MAIS, por el cual me inscribí», sostuvo.
Fuentes conocedoras de este caso señalaron a sucrenoticias.com que, en efecto, lo indicado por Cadrazco es lo que sigue. Y si eso no ocurre, el secretario de Gobierno actual de San Benito Abad debe ejercer como alcalde encargado porque la administración pública es «permanente y continua». Lo anterior, hasta que se produzca el encargo por parte del gobernador Héctor Espinosa Oliver.
Esa es precisamente una de las responsabilidades de inmediata atención y connotación que recibe el nuevo mandatario departamental pues el nombre del encargado dirá mucho de su talante «diferente» con el que se hizo elegir.
Ante testigos cuestionados
El electo alcalde juró «a Dios» y prometió al pueblo «cumplir fielmente la Constitución Nacional, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos».
Esa promesa de honestidad y rectitud se la recibieron los cuatro testigos que cita el acta. Dos de ellos están presos en Corozal por presunta corrupción, uno de ellos condenado.
Se trata de Eduardo Imbett Rodríguez y Alfredo Ignacio Ceballos Blanco. Imbett Rodríguez, era, según la Sociedad de Activos Especiales, hasta 2014, el depositario provisional de un inmueble en Córdoba, del que no entregó buenas cuentas. El presidente juan Manuel Santos informó en diciembre de 2017 que ese y otros inmuebles eran utilizados para presuntos actos de corrupción por parte de una organización criminal.
Imbett fue secretario de la comisión cuarta del Senado entre 1998 y 2006.
El otro testigo, Ceballos Blanco, es el primer condenado por el cartel de la hemofilia en Córdoba. Está preso con una sentencia de 8.8 años de cárcel y una multa de 3 mil 600 millones de pesos por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
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