Los reparos de los defensores a las capturas por el fraude en el sector educativo

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Los detenidos se sentaron al fondo, contra la pared, y otros, en las bancas de los visitantes. Frente a ellos, sus abogados.

Los defensores de los nueve funcionarios y particulares detenidos por fraudes en el sector educativo de Sucre han sido este viernes 23 de noviembre los protagonistas en el inicio de las audiencias preliminares.

Hasta la 1:00 de la tarde, los abogados habían expuesto toda clase de reparos ante la juez por la forma como se produjeron las capturas, algunas de ellas tras entregas voluntarias.

Los detenidos son Álvaro Romero Coley, Eloy Pérez Quiroz, Isaac Paternina, Libia Meza, Diego Amarith Sánchez, Lina Marcela Paternina Álvarez, Mary Cruz Corrales Martínez, Martha Campo Gaibao y Edward Hernández. Cinco trabajan en la Secretaría de Educación de Sucre.

Los argumentos de los defensores

El primero en hablar fue el abogado de Eloy Pérez y Marta Campo, quien pidió a la jueza declarar ilegales las capturas por existir información confusa.

Puntualmente, porque encontró «contradicciones» en el acta de derechos del capturado y el informe de investigador de campo, debido a que no se sabe si Marta fue capturada o se entregó, como en efecto pasó.

Sobre Eloy, manifestó que sucede lo mismo y se le suma que la orden de captura tiene una edad distinta a la de él.

El jurista precisó que no se sabe exactamente el delito el que incurrió presuntamente su cliente porque cohecho propio y prevaricato por omisión son delitos «excluyentes entre sí».

El apoderado de Libia Meza criticó que esta fuera detenida en su lugar de trabajo, donde hay una intimidad que según él se debe respetar.

El profesional añadió que no cuenta con un acta de derechos del capturado y que hay errores en el número de cédula de su defendida.

En el caso de Diego Amarith, su abogado sostuvo que hay inconsistencias en el lugar de la captura. El defensor de Mary Corrales no presentó objeciones.

El de Lina y Edward empezó a ‘calentar’ el tono de las críticas cuando expresó que, a diferencia de lo que dijo la Procuraduría, en el sitio de trabajo sí hay intimidad y que lo correcto es que hubiera sido solicitado un allanamiento a la Secretaría de Educación.

El penúltimo en intervenir fue el abogado de Isaac Paternina, de quien aseguró se había entregado y no que fue capturado por los agentes, como lo manifiesta el informe oficial.

El más fuerte en su apreciación fue el abogado de Álvaro Romero, quien precisó que el lugar de trabajo sí es un domicilio y que por ello era necesaria una orden de allanamiento.

El litigante pidió declarar ilegal la captura porque a su cliente le habían vulnerado la derecho a la dignidad al someterlo a una espera de cuatro horas después de que manifestara estrés y de que Medicina Legal le recomendara ir a urgencias.

Romero padeció hace meses una isquemia y tiene una cardiopatía, añadió su defensor.

«Le colocaron un pendón del Gaula, como si estuviera involucrado en extorsión o secuestro. Hay una vulneración latente al derecho a la dignidad humana», indicó.

Sigue y se extiende

La audiencia fue suspendida a la 1:00 de la tarde y su reanudación programada para la tarde de este viernes.

La juez decidirá si las capturas fueron legales o no. Si esto último ocurre, los detenidos quedarán en libertad inmediatamente, pero vinculados al caso.

El caso

El proceso fue abierto por los delitos de concierto para delinquir simple, acceso abusivo a un sistema informático, cohecho propio; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, prevaricato por omisión y tráfico de influencias particular.

Los hechos se relacionan con la falsificación de documentos y la alteración de un sistema informático de la Gobernación de Sucre, con el fin de acreditar la capacidad de endeudamiento de docentes, directivos docentes y personal administrativo.

Popularmente ha sido llamado el ‘cartel de las libranzas’.

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