Durante un consejo de gobierno en el municipio de Sincé, este lunes, transmitido por redes sociales oficiales y por su página en Facebook, el gobernador Héctor Espinosa Oliver ordenó marginar al presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre (ACUS) de un encuentro con este gremio.
Se trata de Octavio Pacheco, representante de pequeños y medianos comerciantes, quien ha emitido en los últimos meses diferentes pronunciamientos sobre los intereses de los comerciantes, así como de otros temas.
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Y fue un reciente comunicado de la ACUS lo que motivó que el gobernador, sin mencionarlo por su nombre, instruyera a una de sus colaboradoras para desconocer al líder gremial.
Transcurrían 2 horas, 9 minutos y 41 segundos del acto. En ese momento, y antes de dar paso a un informe sobre la asistencia humanitaria a damnificados de la Mojana, Espinosa intervino.
«Mientras que proyectan las diapositivas, Liz, necesito un favor: ayer, la Asociación de Comerciantes de Sincelejo —Acus— sacaron (sic) un comunicado como cuestionando nuestra labor respecto al comercio. Con ellos se han hecho muchos proyectos y se han beneficiado una cantidad de comerciantes de Sincelejo. Necesito que le (sic) contestemos la carta públicamente, haciéndoles un informe de gestión de lo que se ha hecho, y los convocamos a una reunión, pero no al presidente, yo quiero ver a la gente, a todos, porque yo quiero saber cuáles son los niveles de legitimidad que tiene el presidente, que no se dedica si no (sic) a… No. A chantajear. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. Entonces, necesito… ACUS, Asociación de Comerciantes Unidos de Sincelejo, creo que se llama así. ¿Listo?», fueron las palabras del gobernante.
Una intervención fugaz e inaudible, antes de que Espinosa pronunciara la palabra «chantajear», se percibió de Jenny Lindo, secretaria general de la Gobernación, quien anotaba datos surgidos en el evento y estaba a la izquierda de su jefe.
El pronunciamiento de la ACUS que causó la evidente molestia del gobernador se conoció el sábado, tercer día del paro armado que impuso el Clan del Golfo.
Los afiliados a la ya sonada asociación manifestaron su descontento porque grandes superficies comerciales habían contado con presencia militar y policial, mientras que sectores barriales de Sincelejo con creciente vocación económica no tuvieron una presencia efectiva de las autoridades.
«Lastimosamente, hoy no hubo garantías para nosotros ejercer la economía. Quedó en que se iba a militarizar, pero únicamente militarizaron el Centro, Guacarí y el Viva. Fue a los únicos a los que se les garantizó ejercer economía», señaló.
Por eso decidieron cerrar sus negocios, lo que dio lugar a una imagen de confinamiento que no se veía desde la cuarentena por la covid-19.
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Veinticuatro horas después y a falta de una aclaración o cambio de posición públicos por parte del gobernador sobre Pacheco, este último manifestó vía telefónica a este medio que este miércoles se referirá al caso.
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