Cuatro años después de haber dejado la Gobernación de Sucre, Julio Guerra Tulena sumó un nuevo lío judicial por corrupción en su gobierno.

Este lunes la Contraloría General de la República lo declaró responsable fiscal por la pérdida de dos mil 723 millones de pesos en el llamado ‘Cartel de los enfermos mentales’.

Guerra, próximo a los 86 años, ordenó pagos «de servicios no prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre» para la internación y atención de «pacientes ficticios (de población pobre no asegurada) con trastornos del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas.»

«Incurrió en conducta gravemente culposa, con la que faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de los recursos destinados a la salud, pues no desarrollo una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión.»

La Contraloría encontró que nunca hubo atención de urgencias por parte de esta IPS que solo buscó obtener, de manera «fraudulenta», el pago de unos servicios que nunca prestó y facturó con documentos adulterados.

Culpa de todos

El fallo cuestiona que Guerra –de quien los medios de comunicación alertaron durante su gobierno que podía estar impedido para ejercer por senilidad– haya sido deficiente en su gestión fiscal, y reprocha la actitud de los funcionarios también involucrados en el cartel.

«En asocio con las omisivas conductas de sus subalternos y contratistas de la Secretaria de Salud Departamental, quienes de manera negligente no ejercieron de manera adecuada las funciones que les correspondía respecto de esta actividad.»

Los otros sancionados

El robo de multimillonarios recursos por el ‘Cartel de los enfermos mentales’ tiene otros responsables fiscales cuya sanción fue confirmada por la Contraloría.

Se trata de los exsecretarios de Salud Nayibe Padilla Villa y Efraín Suárez Arrieta, quienes deberán pagar de su bolsillo y de manera solidaria junto con Guerra, el monto que permitieron que se perdiera: dos mil 723 millones de pesos.

Otros funcionarios para la época de los hechos fueron sancionados fiscalmente en este fallo contra Guerra. Son ellos Samir Serpa Álvarez, líder del programa de auditoría; y los auditores Oswaldo Contreras Gómez, Samuel Palencia Tovar, Nadín Farak Arrieta y Ana Vergara Ortega, todos de la Secretaría de Salud.

La clínica Nuevo Amaneceres de Sucre y su representante legal, Ernesto Bladimir González Ospino, también fueron declarados responsables fiscales.

El fraude

El ‘Cartel de los enfermos mentales’ fue descubierto por la Contraloría en 2015, último año de gobierno de Guerra, y luego de creada la Clínica Nuevo Amaneceres en complicidad con la Secretaría de Salud de Sucre.

La Contraloría concluyó que «era una clínica de garaje, creada solo para desfalcar los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para la financiación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable del Departamento».

«Dicha IPS no contaba con la suficiencia patrimonial, financiera administrativas y operativas para poder prestar los servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria por cuanto su capital social era de un millón de pesos, que no alcanzaban ni para pagarle el sueldo a los empleados que manifestaba tener.»

El Hospital de Corozal fue determinante para descubrir este desfalco porque certificó haber atendido pacientes que la administración de Guerra certificó como psiquiátricos, pero que en realidad habían ido por dolores de cabeza, de estómago, entre otros quebrantos.

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