Escuelas víctimas del conflicto armado son adecuadas en infraestructura y dotadas

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Los niños de las escuelas de Pichilín y Chinulito se mostraron felices por lo recibido. Foto Unidad para las Víctimas.

Estudiantes de las escuelas de los corregimientos de Chinulito, del municipio de Colosó y Pichilín, de Morroa, fueron beneficiados con la adecuación en la infraestructura y dotación en material didáctico.

Una alianza entre la comunidad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad para las Víctimas permitió las obras de mejoramiento y adecuación de las escuelas en ambos lugares, beneficiando a 220 estudiantes en Chinulito y 41 en Pichillín.

Además de las obras de infraestructura, recibieron dotaciones, representadas en materiales didácticos y equipos tecnológicos, como computadores y televisores.

“A partir de la estrategia de los Planes de Reparación Colectiva, hemos sumado a este esfuerzo como Organización de las Naciones Unidas y recibimos el apoyo de la comunidad internacional a través del fondo fiduciario multidonante con recursos del Fondo para Construcción de Paz”, explicó Jairo Matallana, del Programa en Convivencia y Seguridad Ciudadana de las Naciones Unidas.

Franklin Jaraba, líder de Chinulito, destacó la importancia de las obras que tanto el PNUD como la Unidad han desarrollado en la comunidad, así como la participación de la comunidad.

“Cada lápiz, cada hoja, cada bloque o bulto de cemento utilizado, ha sido concertado con los estudiantes, con las comunidades y con la institucionalidad. Aquí no se ha hecho nada de manera aislada y esa ha sido nuestra bandera”, sostuvo.

Chinulito y Pichilín sufrieron en carne propia las consecuencias del conflicto armado, y los dos corregimientos terminaron convertidos en pueblos fantasmas.

En Pichilín el acto de mayor barbarie fue cometido el 4 de diciembre de 1996. Por lo menos 50 paramilitares llegaron al pueblo y asesinaron a 11 de sus habitantes, lo que generó un desplazamiento masivo.

En Chinulito sucedió algo similar el 13 de septiembre del 2000, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 11 pobladores en lo que se denominó la «Ruta de la muerte».

La masacre generó el desplazamiento de todo el pueblo, pues la orden de los armados era que nadie podía quedarse, pues sería objetivo militar.

Los desplazados de ambos corregimientos comenzaron su retorno con la firme intención de reconstruir sus comunidades y abonar el terreno para la paz.

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