Después de casi cuatro años de haber fallecido, veintisiete morroanos siguen afiliados al sistema de salud.
Se trata de decesos entre 2017 y 2018, que aún aparecen en las bases de datos del régimen subsidiado, y lo peor, la Alcaldía de Morroa, en los Montes de María, paga juiciosamente los aportes.
La situación fue evidenciada por la Contraloría tras evaluar el manejo de los recursos que la Alcaldía recibe del Gobierno nacional.
De acuerdo con el organismo de control, es cuestionable la destinación de más de $250 millones de pesos por 34 posibles irregularidades que van desde fallas en la inversión de los recursos hasta la comisión de delitos.
«Durante la vigencia 2018 este municipio recibió $9.615.955.863 por transferencias del SGP (Sistema General de Participaciones), que fueron ejecutados en más del 99%. Sin embargo, se evidenció que su manejo no es el más adecuado», relata la Contraloría.
Otro cuestionamiento se hace sobre recursos por más de $15 millones por actividades que no habrían sido desarrolladas dentro del plan de salud pública de inversiones colectivas.
Posibles irregularidades
En la inversión en el sector educativo, la Contraloría determinó que la Alcaldía de Morroa pagó más de $108 millones textos escolares que no se necesitaban, mientras que hay necesidades de infraestructura «que no están siendo atendidas».
«Otro hallazgo: en el proceso de selección adelantado para la adquisición de sillas escolares, la administración rechazó injustificadamente la oferta de menor precio y aceptó la de mayor valor, ocasionando un detrimento patrimonial por $3 mil 351 millones, situación que tiene presunto alcance penal», añade el informe.
El informe también señala que alrededor de $230 millones destinados a los sectores de deporte, nómina, cultura, entre otros, faltan soportes de ejecución, entre otros documentos.
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