El juez deja libres a los exalcaldes Maida y Sabas Balseiro y a otros tres investigados por presunta corrupción

Angeles

Un juez de control de garantías ordenó este martes, 22 de noviembre, dejar en libertad a los exalcaldes de San Onofre Maida y Sabas Balseiro (sobrina y tío) y a otros tres involucrados en un contrato tachado de corrupto por la Fiscalía.


El juez consideró que el contrato mediante el cual la exalcaldesa Maida Balseiro fue capturada e imputada fue suscrito con base en una sesión legítima del consejo municipal de Gestión del Riesgo y que luego recibió el visto bueno de la Gobernación.

El funcionario judicial aclaró que la Fiscalía se había referido a dos conceptos: el de calamidad pública, mediante el cual la exalcaldesa contrato de manera directa la canalización del arroyo El Pajuil, y la urgencia manifiesta.

De la calamidad pública indicó que le permitía a la exalcaldesa contratar de la forma como lo hizo, y de la urgencia manifiesta señaló que no aplicaba al caso, por lo cual no se podía inferir un delito.

Ese aspecto jugó a favor de los procesados y fue la argumentación del abogado defensor Inocencio Meléndez para pedir la libertad.

La fiscal se mostró en desacuerdo con la decisión y la apeló; ahora será resuelta por un juez de segunda instancia.

Esta es la decisión completa del juez:

A este último le pidió que tenga en cuenta que el juez leyó mal las pruebas documentales, que los documentos evidencian que en una parte se habla de urgencia manifiesta y en otros, de calamidad pública. También, que hubo interceptaciones en las que Maida y su tío conversan sobre la forma de que la Fiscalía no los coja «con los calzones abajo» cuando se enteraron de que estaban indagando sobre la presunta corrupción en ese contrato.

También le reprochó al juez que no le duela la situación en la que está San Onofre por la corrupción y que, pese a ello, no ordenara el encarcelamiento de personas que, según las interceptaciones, han demostrado que buscan obstruir la Justicia.

La canalización del arroyo El Pajuil costó 2 mil 600 millones de pesos, de los cuales mil 800, según la Fiscalía, se perdieron.

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