El exalcalde de Sincelejo, Jairo Fernández Quessep, y dos funcionarios de gobierno (2012-2015) irán a juicio como presuntos responsables del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
La Fiscalía comunicó de la acusación este fin de semana y dio cuenta de que hay material para presumir que el entonces mandatario entregó a dedo, «directamente», en palabras de la Fiscalía, un contrato por 420 millones de pesos a la ESE San Francisco de Asís, cuya gerente era Salwa Rapag Carmichael.
El secretario de Salud de la época era Remberto Carlos Gómez Martínez, hermano del hoy alcalde de Sincelejo.
El contrato por el que los cuestionan es el interadministrativo de prestación de servicios 004 del 19 de marzo de 2015, que buscaba, en ocho meses, ejecutar actividades de seguridad alimentaria y nutricional, atención integral en enfermedades de la infancia, así como programas de salud sexual y reproductiva y salud oral.
La Fiscalía cree que Fernández incidió en que el contrato fuera entregado a la ESE «sin que mediara un proceso de selección objetiva ni la recepción de otras propuestas comerciales. En ese sentido, el centro asistencial fue beneficiado sin entregar una propuesta formal ni la presentación de su portafolio de servicios».
Entre los múltiples objetivos del contrato, estaban los de suministrar refrigerios a niños entre 6 meses y 3 años, y a mujeres de comunidades vulnerables, indígenas, afrodescendientes y población desplazada, así como crear un subprograma de madres lactantes, salud sexual, salud oral y salud mental.
«La Fiscalía estableció que el hospital [la ESE], supuestamente, no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con lo dispuesto. Es así como realizó cuatro subcontratos para garantizar el abastecimiento de productos médicos y alimentos, el transporte, material de papelería y de publicidad. Lo subcontratado superó los $572’000.000, un valor muy por encima de los $420’000.000 del contrato original», informó la entidad.
El papel del hermano del alcalde
Remberto Gómez, el hermano del hoy alcalde, se encargo, según la Fiscalía, de liquidar ese contrato y certificar el cumplimiento de todo lo pactado «sin tener documentos que sustentaran cada una de las actividades presuntamente ejecutadas».
«De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estas actuaciones violaron dolosamente los principios de selección objetiva, planeación, responsabilidad, economía, trasparencia y publicidad. Hay evidencia de que se impuso un interés particular sobre las normas vigentes de contratación pública», consideró el ente.
Julio es el mes que fijo la Fiscalía para que los acusados concurran a la audiencia preparatoria del juicio.
Comentarios en Facebook