El gobernador concede una audiencia a la Ades, tras el anuncio de protesta

Edificio de la Gobernación de Sucre. Foto de cortesía.
Angeles

Horas después de que la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades) anunciara una protesta para este jueves 17 de septiembre, a causa de lo que llama «atropellos» contra este sector, el gobernador Héctor Espinosa Oliver concedió una audiencia a ese sindicato.


Lo hizo a través de una carta que firma el licenciado Francisco Sierra Paternina, secretario de Educación de Sucre, de quien la Ades aseguró este miércoles que, así como el gobernador, se ha negado a dialogar con ellos.

La comunicación, sin fecha en el encabezado, informa «al magisterio sucreño» que a las 8:30 de la mañana de este jueves, media hora antes del mitin del sindicato docente, ha programado una audiencia con el gobernador, con el equipo de la Secretaría y con la Ades, para «agotar temas atinentes a la agenda educativa departamental».

«El gobierno de Sucre Diferente es un equipo abierto y dispuesto a la escucha permanente como el instrumento clave para lograr la articulación de los actores de cada sector del desarrollo de nuestro departamento», dice el escrito.

La Secretaría señala que el sitio de reunión es el auditorio Fortunato Chadid, de la Gobernación de Sucre.

La protesta va

Ubaldo Corrales, presidente de la Ades, confirmó a los asociados que la protesta sigue en pie para la hora indicada y ratificó el llamado a las subdirectivas de la Ades en Toluviejo, Morroa, Corozal, Sampués y Los Palmitos.

«Estaremos mañana frente a la Gobernación, con todas las normas de bioseguridad, realizando el mitin que nos hemos propuesto para denunciar ante la comunidad del departamento de Sucre todos los atropellos que ha venido cometiendo esta administración contra la educación pública», indicó el directivo.

Corrales cuestionó que el gobernador anuncie la audiencia tras enterarse de la protesta, cuando ellos han pedido la misma desde hace casi cuatro meses.

Entre los motivos para protestar están sobrecarga y acoso laboral, inoportunidad en el recibimiento de la documentación para solicitar prestaciones sociales, abuso de autoridad y extralimitación de funciones en el proceso de reubicación de docentes liberados y descuento de un tercio de salario a los docentes por practicarse la prueba de covid-19.

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