El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) defendió este martes, 9 de noviembre, el derecho de las víctimas a participar en las audiencias contra el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus.
Lo anterior porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió en octubre pasado medidas cautelares para la «preservación del proceso» y en consecuencia las víctimas solo fueran convocadas a las audiencias «cuando el compareciente vaya a aportar verdad en lo atinente al hecho victimizante».
El argumento de la JEP es que la abogada de Arana presentó una denuncia por la filtración en redes sociales de una fotografía de la diligencia.
El Colectivo consideró que se trata de una denuncia que carece de sustento porque no se ha determinado que esa audiencia fuera de carácter reservado.
Y tiene otros motivos para exigirle a la JEP que ponga a las víctimas en el centro y por eso apeló la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
«[…] por considerar que no se trataba de una medida idónea, necesaria ni proporcional, y que había muchas otras posibles para proteger a las partes dentro del proceso como la aplicación del principio de publicidad y transparencia de las audiencias y así prevenir informaciones falsas sobre el contenido de la misma, o la presencialidad, para evitar registros no autorizados», dice el comunicado del Cajar.
Los abogados de las víctimas manifestaron preocupación porque puede estarse desconociendo que el derecho a las víctimas implica las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los motivos que dieron lugar a la comisión del hecho victimizante, el contexto histórico y el patrón que marcó su realización, «por lo cual es necesaria su participación integral en las diligencias».
«Esta decisión también contraria al espíritu del Acuerdo Final, y el marco normativo y jurisprudencial de la JEP que indica que el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto conlleva la obligación de proteger su participación dentro de los procesos penales en el marco de la justicia transicional, justamente con el fin de asegurar la garantía de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición y que los casos ante la JEP no pueden entenderse de forma aislada, sino que obedecen a un contexto de violación masiva de los Derechos Humanos», añade el Cajar.
Quince días después de exponer esas razones, la JEP no ha respondido a los planteamientos de las víctimas y por eso pidieron que la diligencia que estaba prevista para este lunes fuera suspendida mientas se permite la participación plena de las víctimas, «a fin de que puedan tener acceso real a la verdad».
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