Rocío Martínez Santamaría, gestora social de Sincelejo y hoy defensora de su hijo Andrés Gómez Martínez en el proceso que terminó en la anulación de su elección como alcalde, está a las puertas de una investigación disciplinaria.
En el reciente fallo sobre una recusación contra magistrados de ese alto tribunal, que sacó del cargo al mandatario por incurrir en doble militancia, la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó enviar una copia del proceso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre para que, «si a bien lo tiene, determine la posible incursión […] en eventual falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado».
En otras palabras, por interponer recursos que no tenían lugar y con el único fin de que el alcalde no salga del cargo, como hasta ahora lo ha conseguido mediante una seguidilla de acciones legales.
Un aparte de la decisión sobre la recusación reprocha con dureza el proceder de la madre del alcalde.
«[…] la profesional del derecho pretende pasar por encima de tales axiomas jurídicos para entrabar y dilatar el cumplimento de la sentencia que declaró nula la elección del actor como alcalde, fallo que comporta protección de valores superiores como el interés general y del derecho de la sociedad a tener gobernantes respetuosos de las leyes electorales, y es deber de esta Corporación salvaguardar, aún en tiempos de crisis, el mandato constitucional», se lee.
Esa no fue, sin embargo, la consideración más fuerte contra la también considerada primera dama de Sincelejo. El Consejo de Estado también la señaló de prestarse para dilatar el proceso y le añadió otro fuerte calificativo.
«[…] la defensa del actor, mediante tramoyas de sucesivas recusaciones abiertamente improcedentes, ha dilatado el proceso por más de siete meses desde el 23 de junio de 2022, cuando la sección quinta de esta Colegiatura dictó la sentencia que anuló su elección como alcalde, sin desconocer que el 29 de septiembre de ese año, la sección primera del Consejo de Estado ya había declarado infundada otra recusación (distinta a las aquí mencionadas) que contra los integrantes de la sección quinta había instaurado la apoderada a través de escrito de 22 de agosto de la misma anualidad en el proceso que nos ocupa», añade.
Dilatar un proceso, según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según se lee en este expediente, puede terminar en una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Sin recursos
Como en anteriores ocasiones, el Consejo de Estado no solo rechazó esta nueva recusación con la que el alcalde, a través del recurso que presentó su mamá, prolonga su estadía en la Administración. El alto tribunal también consideró que es evidente que la recusación no procede porque la ley es clara al permitir recusaciones taxativas, precisas, y no ninguna fuera de estas.
«[…] las causales de impedimento y recusación, por ser taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al juez y, como tal, están debidamente delimitadas por el legislador, sin que puedan extenderse o ampliarse, a criterio del juez o de las partes, por cuanto la escogencia de quien la decide no es discrecional», sostienen los magistrados.
Este nuevo recurso que pierde el alcalde se suma a todos los anteriores que también le han sido negados. En el momento de escrita esta nota, el mandatario no se había pronunciado, como tampoco su defensora.
Aunque él ya ha agotado todos los recursos posibles y ha tenido todas las garantías para defenderse, es previsible que acuda a nuevas acciones jurídicas y alargue así su estadía en la Alcaldía, pese a que ya su elección está anulada.
Este es el fallo sobre la recusación:
Fallo que rechaza la recusación del alcalde contra los magistrados by Sucre Noticias on Scribd
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