Algunas cárceles del país con capacidad para menos de 100 detenidos serán cerradas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), una de ellas la de Corozal.
Esta fue por muchos años una cárcel para ciudadanos comunes y en los últimos años era especialmente para funcionarios, entre esos algunos líderes políticos, personal de la fuerza pública, entre otros.
El 9 de noviembre pasado el mayor general Mariano Botero Coy, director del Inpec, autorizó la supresión de la cárcel basado en diferentes conceptos de sus colaboradores.
Esas consideraciones se refieren a si estaban garantizadas las condiciones de seguridad de los internos y de los trabajadores, examen que no pasó la cárcel.
Traslados y nuevo uso
Tras la decisión, el mayor Botero ordenó el traslado tanto del personal del Inpec como de los privados de la libertad, sin precisar su destino.
Otro aspecto que trata la resolución es para qué será utilizada en adelante la tradicional edificación. Lo que se sabe es que, antes del 31 de diciembre, el director del Inpec tendrá en sus manos una propuesta de uno de sus colaboradores que indique su nuevo uso.
Con el cierre de la cárcel se cierra también un capítulo en la historia de estas edificaciones, como ocurrió en Sincelejo cuando clausuraron la cárcel municipal al frente de la Gobernación. Esa estructura es hoy la sede del Museo Arqueológico Zenú Manuel Huertas Vergara.
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