Después de la seguidilla de decisiones jurídicas favorables al alcalde Andrés Gómez Martínez –en la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría– por los contratos para comprar mercados para personas vulnerables por la pandemia de la covid-19, el denunciante de este caso, el veedor Jhon Turizo Hernández, se mantuvo en que lo anterior «no significa que los sobrecostos no existiesen».
Turizo, quien denunció amenazas días luego de dar a conocer los sobrecostos, precisó que su denuncia consiguió que retornaran al erario alrededor de mil millones de pesos producto de los dos contratos, que sumaban casi 4 mil millones de pesos.
«El alcalde Andrés Gómez contrató los servicios del abogado Jaime Granados, conocido por defender a personajes como Álvaro Uribe, o a la parte acusada del caso Colmenares. Este profesional del derecho cobra mil millones de pesos o más por sus servicios. Los sincelejanos deberían preguntarse: ¿de donde salió ese dinero?».
Sobre la Procuraduría, cuya absolución era la última que esperaba el alcalde para quedar sin cuentas pendientes en este caso, Turizo señaló que solo le habían permitido participar en las mismas, pero sin intervenir porque, según el Ministerio Público, él no era parte en el proceso debido a que «la investigación inicial se abrió de oficio». «No fue un proceso garante para mi persona», acotó.
«No entiendo por qué en el escrito inicial en el que se acusaba al señor Andrés se catalogó su falta como gravísima y se garantizó que había violado casi todos los principios de administración pública, y que hoy decidan determinar que ya no», añadió.
Para el denunciante, estudiante de Derecho, es «triste y vergonzoso» que ciudadanos como él que se preocupan por la transparencia en la ejecución de los recursos y que sean anunciadas las sanciones para los enjuiciados en medios nacionales «para después abrir el camino a la impunidad».
«Eso deja mal paradas a nuestras instituciones y acrecienta el descontento y desconfianza de la ciudadanía hacia las mismas. Lo ocurrido no es solo vergonzoso sino peligroso para mí y mi, familia, puesto que es a quien denuncia a quien abandonan», subrayó.
Sobre la posible denuncia en su contra por parte del alcalde de Sincelejo, el veedor consideró que el alcalde es descarado, mientras que pidió a la ciudadanía mantenerse firme y seguir denunciando.
Control social legítimo
Consultado por sucrenoticias.com, el también veedor José Freddy Aguilera defendió el control social y recordó que el alcalde puede denunciar a Turizo, pero recordó que las denuncias de este llevaron al mandatario a subsanar sobrecostos.
«No era un acto infundado del control social. Ahora bien, este es un mecanismo de participación ciudadana definido claramente en la constitución y la ley, los ciudadanos, como constructores del poder político, mantenemos la soberanía sobre el mismo y por ello el control social es totalmente legítimo para defender el patrimonio público», resaltó.
Para Aguilera no es coherente que los ciudadanos vigilen y controlen el uso de los recursos públicos y que los órganos de control y vigilancia absuelvan sin problemas.
«Es un mal mensaje a la sociedad, y aquí no tenemos monarcas intocables, todo gobernante, le guste o no, tiene que someterse al escarnio ciudadano y eso no es delito; todo lo contrario, es un acto que le da transparencia y legitimidad a la gestión pública», argumentó.
Aguilera opinó que el alcalde de Sincelejo debe agradecer a la veeduría porque esta permitió corregir la acción del Estado y no redundar en problemas fiscales más complicados.
«A lo mejor, debe utilizar el reciente fallo de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el caso Petro, demandar a la Contraloría porque lo separó del cargo; y, según el fallo (de la CIDH), los órganos de control no pueden suspender o destituir a quienes se eligieron por voto popular», concluyó.
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