Coljuegos reconoce la lucha de Sucre contra las apuestas ilegales

Las autoridades civiles y de la fuerza públicas fueron invitadas a la entrega del reconocimiento.
Angeles

Juan Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, visitó Sincelejo este jueves para entregar un reconocimiento al departamento de Sucre en contrarrestar los juegos de suerte y azar ilegales.

El funcionario aseguró que Sucre ha avanzado luego de la firma del pacto por la legalidad, que tuvo lugar hace un año y cinco meses en la capital sucreña.

El gobernador Édgar Martínez Romero recibió una placa y señaló que es resultado del trabajo de un equipo conformado por la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar (Emcoazar) y las autoridades del orden.

Pérez sostuvo que seguirá el trabajo contra la ilegalidad de la mano de las nuevas autoridades civiles y señaló que el sector de azar le aporta anualmente al país más de 2 billones de pesos.

Sobre las apuestas deportivas, indicó que han generado, desde su legalización, unos 70 mil millones de pesos y que han bloqueado 3 mil páginas ilegales de este negocio.

“Es importante mantener de manera continua una revisión sobre esto porque esto, obviamente, afecta los operadores que están pagando los impuestos y lo que significa tener un contrato de concesión legal”.

Dorina García, gerente de Emcoazar; Juan Pérez, presidente de Coljuegos, y el gobernador Édgar Martínez. Foto: Gobernación de Sucre.

Dorina García Salgado, gerente de Emcoazar, informó que en Sucre hay un fenómeno creciente y es la llegada de rifas y chances ilegales de otros departamentos.

“Las rifas ilegales están en el medio, pero al momento de ir por ellas, no tienen un lugar establecido. Entonces, para nosotros y los entes policivos es muy difícil localizarlas”.

Los municipios donde se presentan más índices de ilegalidad en los juegos ilegales son San Marcos, San Pedro, Ovejas y Sampués.

“La Policía ha efectuado allanamientos por la venta ilegal y captura e incauta. Es relevante incautar rifas y chances y se han puesto a disposición de la URI para su destrucción”.

En 2018 hubo 22 mil millones de pesos en pérdidas por la ilegalidad en el sector.

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