La firma Intec de la Costa S.A.S., socio de la Unión Temporal Centros Poblados, fue vinculada por la Contraloría General a un proceso de responsabilidad fiscal por más de mil 337 millones que abrió en el departamento de Sucre «por irregularidades en el fallido proyecto» de construcción de un puente militar.
La Contraloría informó que, en este proyecto, destinado a la vereda La Solera, del municipio de Caimito, bañado por el río San Jorge, «está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019)».
Intec de la Costa SAS es integrante del consorcio y su participación, según el organismo fiscal, es del 80%. «Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio», sostiene un comunicado de la Contraloría.
Esta último llevó a cabo una auditoría en Caimito luego de recibir una denuncia en torno al manejo de los recursos de regalías, lo que arrojó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado originó el proceso de responsabilidad por parte de la Gerencia de la Contraloría en Sucre.
«El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra. Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra», añade el comunicado.
La Contraloría da cuenta que un ingeniero civil de la entidad estuvo, a principios de 2020, en la obra y verificó que estaba «abandonada y sin ejecutar».
«Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo», se lee en el escrito.
En este caso, la Contraloría se refiere a que el secretario de Planeación de Caimito para la época de los hechos investigados, encargado de supervisar ese contrato y el de la interventoría, «habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión si estar facultado para ello».
«[…] situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento. Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal. Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados», señala el ente fiscal.
El supuesto daño patrimonial, como lo cataloga la Contraloría, se refleja en deficiencias en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública con el consorcio, y se le añade el perjuicio por el incumplomiento del contrato de interventoría, a cargo de Consorcio Interpuentes 2019.
De este último, la Contraloría consideró que había desatendido sus obligaciones contractuales y legales porque se abstuvo de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, como tampoco advirtió de las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019.
En una lista en la misma nota publicada en su web, la Contraloría enunció a los vinculados al proceso fiscal. Empieza por el alcalde de la época, Víctor Miguel Ricardo Vega; Kevin Ricardo Caly, secretario de Planeación de Caimito para la misma época, supervisor del contrato de obra y del de interventoría.
Prosigue con Intec de la Costa S.A.S., integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019; Dialco Construcciones S.A.S., del mismo consorcio y con participación del 20%.
Otros vinculados son Walter David Sánchez Urzola, como representante legal del Consorcio Puente San Jorge 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo; «Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo», indica.
Otros dos vinculados son Covilco, integrante del Consorcio Interpuentes 2019 con una participación del 50%, ejecutor de la interventoría, y Javier José Pereira Areiza, integrante del mismo consorcio, con igual porcentaje de participación, y contratista ejecutor del contrato de interventoría.
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