«Solo preguntaron por mi nombre», el informe de detenciones arbitrarias masivas en Montes de María

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Las víctimas de detenciones arbitrarias y de estigmatización le piden al Estado que limpie sus nombres. Foto: Movice.

La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz recibieron este 31 de julio en informe «Solo preguntaron por mi nombre», presentado por el Comité de Solidaridad junto al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capítulo Sucre, la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca la Europa y las víctimas de detenciones arbitrarias y masivas de Montes de María.


Se trata de la otra violencia que se vivió en esa región del país y de la que Sucre resultó gravemente afectado al ver cómo muchos campesinos inocentes, pues así se comprobó legalmente, fueron capturados y presentados como guerrilleros, en desarrollo de las operaciones Mariscal I y II, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El informe, de 218 páginas y siete capítulos, inmortaliza los testimonios de 97 víctimas, entre ellas el fiscal del caso que actuó en derecho, pues ordenó la libertad en favor de quienes no había pruebas de que fueran guerrilleros.

El informe señala que entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 hubo más de 6 mil personas privadas de la libertad.

«(…) por ser supuestos subversivos. El gobierno presionó a la Fuerza Pública para que detuviera a cientos de guerrilleros en una sola operación, lo que en realidad significó la detención de cientos de campesinos haciéndolos pasar por insurgentes».

La documentación señala que el 17 de agosto de 2003 la Fiscalía capturó a 156 personas en Chalán, Ovejas, Corozal, Sincelejo y Colosó «por una investigación abierta tan solo cuatro días atrás».

«Las acusaciones contra los procesados se sustentaron en su totalidad en testimonios entregados por supuestos desmovilizados acogidos en el programa de la red de informantes, bajo el cual recibían beneficios económicos y jurídicos. Por la ausencia de coherencia y veracidad de las pruebas, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo estudió el proceso, y decidió revocar la medida de aseguramiento el 7 de noviembre de 2003», indica el informe.

Pero después de esta decisión, el Estado omitió esa orden judicial y por el contrario ordenó la recaptura de todos los detenidos, bajo las mismas pruebas y cargos, y ordenó la destitución del fiscal del caso.

«Se destaca que a las detenciones les antecedieron prácticas de empadronamiento que luego fueron utilizadas en los informes de inteligencia de forma ilegal y tergiversada. En la mayoría de casos, la privación de la libertad se produjo sin que mediara orden de captura escrita y sin que existiera situación de flagrancia. Para detenerlos, la Policía utilizó artificios como la supuesta práctica de un censo o requerimientos administrativos cotidianos», precisa el relato.

El proceso judicial determinó que habían detectado clonación de testimonios de los informantes para poder acusar a todos los procesados del mismo delito, rebelión, a través de información genérica y con «claras ausencias de circunstancias de hecho, modo y lugar».

«En aras de anunciar avances en la Política de Seguridad Democrática, así se dudara de su legalidad y legitimidad, la prensa magnificó y difundió las detenciones como «duros golpes a la guerrilla», exponiendo en algunos casos los nombres y fotografías de las personas, afectando a su vez su honra, buen nombre y presunción de inocencia», se observa en el informe.

En el informe queda claro que 42 de los detenidos fueron condenados pese a las evidencias de la irregularidad y arbitrariedad de su detención, por lo que una de las peticiones es que la JEP, dentro de sus facultades, «revise las sanciones o investigaciones penales impuestas, pues esta es la oportunidad para ser escuchadas por un tribunal independiente e imparcial, abriendo así la oportunidad de dignificar su honra y buen nombre».

Como acto de reparación por parte del Estado, se pide un acto de reconocimiento de responsabilidad, en el cual participe la prensa que masificó los rostros de los detenidos y nombres bajo el título de milicianos.

«(…) para que a través del reconocimiento de las motivaciones políticas que condujeron a su detención y del uso ilegal del aparato de justicia, se logré restablecer con la misma masividad y difusión, su honorabilidad, buen nombre e inocencia, no solo ante sus familias, vecinos y comunidad, sino ante el país entero que creyó en las noticias que pregonaban triunfos de guerra, cuando en realidad eran fracasos de la democracia».

Este es el informe completo.

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