A los comedores de los colegios públicos de Sucre no llega aún el primer plato de comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El ganador del contrato, por $14.990 millones, renunció tras denunciar amenazas y pedir que investiguen al gobernador Édgar Martínez y a otros involucrados directa e indirectamente en este proceso.
Ocho días después de esa renuncia, que derivaron en la declaratoria de incumplimiento contra Nutriescolar Sucre 2019, representando por Carlos Orta Bárcenas, la Gobernación se refirió a esas denuncias.
Guillermo Vargas Fernández, secretario encargado de Educación de Sucre, calificó las amenazas de «posiciones» y aseguró que lo que está en evaluación son los hechos.
«Uno, que no presentaron las garantías líquidas requeridas en el momento en que se había tasado la negociación. La segunda es que, evidentemente, aparte de las garantías líquidas, estaban las garantías de seguros. Y, por último, hay unas inconsistencias en cuanto a la selección de los manipuladores», respondió.
John Oviedo Pérez, asesor del gobernador para contratos de gran cuantía, informó que la Bolsa Mercantil de Colombia, a través de la cual fue elegido Nutriescolar, no permite que integrantes de ese consorcio aspiren en la nueva elección del operador del PAE.
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La denuncia por amenazas contra él y personal del consorcio, para que se retirara del negocio, fueron instauradas en la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por el ingeniero Orta.
El gobernador ha evitado referirse a este tema.
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