Ninguno de los nueve capturados por el fraude a la educación en Sucre aceptó los cargos que les imputó la Fiscalía este domingo 25 de noviembre.
Este fue el segundo día de audiencias concentradas que iniciaron el viernes 23 en el Palacio de Justicia de Sincelejo.
Uno a uno a los nueve detenidos se les escuchó decir «no acepto». La frase salió de Eloy Pérez, líder de recursos humanos de la Secretaría de Educación; Marta Campo Gaibao, al frente de la planta de personal; Álvaro Romero Coley, responsable del sistema de nómina; Libia Esther Meza, responsable de libranzas y embargos; e Isaac Paternina, quien estuvo al frente de libranzas y pagos a maestros.
La imputación duró alrededor de nueve horas.
En este mismo caso responden los particulares Edward Hernández, Lina Marcela Paternina, Mary Cruz Corrales y Diego Sánchez.
En la imputación se conoció que Campo es señalada por la Fiscalía como la «cabeza» de este fraude calculado en $20 mil millones.
El ente investigador presume que ella «limpiaba» desprendibles de nómina de los docentes, con el fin de que no les aparecieran embargos y pudieran solicitar nuevos créditos en entidades como bancos y cooperativas.
Al estilo de una banda de delincuentes, la Fiscalía imputó a Campo los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y ocultamiento, destrucción o alteración en documento público.
La imputación prosiguió con Romero, quien deberá responder por los mismos cargos que le atribuyen a su compañera Martha, debido a que ingresaba al parecer de manera fraudulenta y a cambio de coimas, la novedad de desembolso en el momento en el que las cooperativas consignaban dinero.
Por eso, la Fiscalía presume que cuando los documentos llegaban al despacho del encargado de libranzas, la alteración ya se había materializado.
Como en una cadena, la imputación reveló que el fraude por el que señalan a este numeroso grupo no había contado con un buen filtro, es decir, una revisión efectiva para evitar el ilícito. Y ese reproche recayó sobre Libia Meza, encargada de los oficios de embargo y desembargo.
La presunta manipulación de oficios era lo que permitía a los docentes interesados presentar constancias falsas ante las entidades en las que pedían créditos.
Al funcionario Issac Paternina le imputaron los cargos de concierto para delinquir, acceso abusivo al sistema informático y daño informático, porque conocía presuntamente que los profesores que pedían créditos no cumplían con los requisitos financieros para que se los aprobaran y que la única forma de que lograrán obtener los préstamos era con papeles falsos.
La imputación a Eloy Pérez fue por concierto para delinquir, prevaricato por omisión y cohecho propio. Si él hubiera sido un buen líder de recursos humanos, lo anterior no hubiera pasado, hizo ver la fiscal 16 seccional de patrimonio, que dirige la investigación.
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