La región de los Montes de María de Sucre y Bolívar fue incluida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el nuevo caso que abrió para investigar el entramado criminal «en el que miembros de la fuerza pública, otros agentes de Estado, terceros civiles y paramilitares se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil».
Además de Montes de María, la JEP investigará los crímenes ocurridos en las regiones denominadas El Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); el Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio.
El nuevo caso, el 08, fue nombrado por el alto tribunal como «crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano».
«A través del caso 08, esta Jurisdicción investigará los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019. Es decir, todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05)», explicó el tribunal transicional.
Miles de víctimas
Cifras de la JEP analizadas a partir de informes preliminares, señalan que los crímenes cometidos en estas regiones dejaron 15 mil 710 víctimas de hechos atribuidos a la fuerza pública, 56 mil 502 a paramilitares, y 280 a otros agentes del Estado.
«De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136. Entre 2000 y 2009 se concentra el 51% de los hechos», detalló esa corte.
¿Qué investigará?
Ja JEP investigará homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal, delitos que son mencionados en 184 informes analizados de un total de 974 recibidos por la JEP.
«Al integrar todas estás dinámicas de la guerra en el caso 08, que las aborda como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, se facilita la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia», consideraron los magistrados que asumirán la investigación.
Otras consideraciones de la JEP para abordar este caso como un conjunto de conductas es porque no hacerlo así, en su criterio, truncaría las posibilidades del esclarecimiento de la verdad y la identificación de ataques amplios a la población civil.
«No sería correcto investigar una masacre y por otra vía el desplazamiento que esta misma causó», resumió.
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