Con ánimos más sosegados, pero en medio de las mismas denuncias expuestas el lunes por posible corrupción, la Gobernación adjudicó este martes el contrato para la pavimentación de la vía Berrugas-San Onofre-Ramal-Rincón del Mar.
Se lo entregó al consorcio Vías y Equipos San Onofre 2020, cuya oferta fue de 47 mil 594 millones 908 mil 797 pesos con 20 centavos.
El presupuesto oficial es de 47 millones 624 mil 735 millones 59 mil pesos con 93 centavos. Esa oferta le debe ahorrar al Departamento 29 millones 826 mil 262 pesos.
El borrador de la adjudicación, leído por John Oviedo, asesor del gobernador para contratos, dio paso a cuestionamientos de quienes el primer día alertaron de irregularidades en el proceso licitatorio.
Los reparos fueron de Margarita Latorre Abisambra, apoderada del Consorcio Vial San Onofre 2019, quien reiteró la petición de revocatoria del proceso.
Después de escucharla, el gobernador acogió la recomendación del comité evaluador de adjudicar la licitación al único habilitado.
Asesorado
Con el camino allanado por sus colaboradores de la Oficina de Comunicaciones, Martínez se dirigió a la prensa y respondió a los reclamos del lunes y del martes por parte de proponentes.
El mandatario recordó que la aprobación de los recursos para esta obra se había dado en el Ocad Paz, en Bogotá.
«Como todas las licitaciones, existe una multiplicidad de proponentes, en este caso, siete, y todos tienen la ilusión de ganarse la licitación. Hubo dos aplazamientos ayer (el lunes) se abrieron los sobres. Hoy (el martes), en esta audiencia, se ha adjudicado a una de las firmas».
Su respuesta a no revocar la licitación es que esta se ajusta a la ley y que el comité evaluador tiene un fuerte componente jurídico «porque las licitaciones las pelean hoy más los abogados que los mismos ingenieros».
«Para tener pleno conocimiento de la decisión. Todas las personas que participan en eso quieren ganarla y todos los abogados aducen su parecer, buscan cualquier tipo de argumento, tratan de desvirtuar a los demás».
El gobernante aseguró que está tranquilo y que serán los organismos de control los definan si actuó bien o mal.
La queja de la abogada Latorre es que el consorcio ganador no cumple con los 90 días hábiles requeridos en la póliza de garantía de seriedad establecida en el pliego de condiciones, pues tiene 75, pero comunes.
Ella argumentó que, como el pliego no establece si son hábiles o comunes, el Código de Comercio y el Código de Régimen Municipal determina que en esos casos se entienden como hábiles.
Ante la petición del abogado Inocencio Meléndez, apoderado de un consorcio, de que la Procuraduría vigilara el proceso, el gobernador señaló que desconoce si la Secretaría de Infraestructura la solicitó.
«La Procuraduría interviene cuando hay sesgo; aquí no ha habido ningún sesgo antes de la adjudicación ni hoy (martes) que hubiese puesto una objeción pública, que se había cometido algún delito, alguna irregularidad».
Latorre y sus colegas del consorcio aseguraron que denunciaran lo ocurrido ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Departamento de Planeación Nacional.
Pide tranquilidad
Diego Rodríguez, apoderado del consorcio ganador, calificó la denuncia de Latorre como una interpretación personal y que la poliza de su cliente sí cumple con los días requeridos e, incluso, con más.
«En los próximos días se legaliza el contrato. Una vez obtenido el acto administrativo con la respectiva firma se procederá ante la Dian para solicitar el Registro Único Tributario y solicitar las pólizas para la legalización del contrato».
A la comunidad de los corregimientos de Rincón del Mar y de Berrugas les aseguró que son una constructora seria y que ha manejado sumas mayores a la que le adjudicaron, por lo que deben estar tranquilos.
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