En plena emergencia por la COVID-19, la población que alberga la cárcel La Vega de Sincelejo y los funcionarios de la misma están en riesgo por la falta de elementos de protección.
Así lo denunció este sábado 11 de abril el dragoneante Jhonny Chadid, presidente del sindicato del Inpec en el departamento de Sucre.
Chadid comunicó la situación ante el comité de Derechos Humanos del Congreso que preside el senador Alexánder López, con quien conversó vía telefonferencia.
Los líderes sindicales del Inpec expusieron las vulnerabilidades en los establecimientos carcelarios del país y unificarán toda la información en una matriz que enviarán a la Presidencia de la República.
Sin protección
«No tenemos los elementos de salud necesarios para contrarrestar la COVID-19, no tenemos camas, no tenemos un área de sanidad en que podamos atender casos, no tenemos elementos de protección personal, de bioseguridad», detalló el dragoneante.
El comité conocerá formalmente el lunes de estas carencias cuando están convocados para plenaria.
Los denunciarán
Los líderes sindicales aseguraron que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Fiduprevisora, encargada del servicio de salud a los internos, son inoperantes ante esta crisis y así lo denunciarán en la Fiscalía.
También lo harán con la administradora de riesgos profesionales porque los funcionarios penitenciarios tampoco cuentan con los elementos de protección necesarios.
«Ni se apersona de la situación en caso de un riesgo biológico como la situación de la COVID-19», señaló Chadid.
La cárcel La Vega de Sincelejo tiene capacidad para 550 internos y alberga 763, de los cuales 39 son mujeres.
Los empleados carcelarios decidieron el 8 de abril no recibir más internos para no exponerse a un posible contagio por coronavirus.
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