La tarde de este jueves 21 de mayo se complicó la situación fiscal, penal y disciplinaria para los alcaldes de Sincelejo y Coveñas, Andrés Gómez Martínez y Rafael Ospina Toscano, respectivamente.
Contra el alcalde de Sincelejo
La decisión más contundente va en contra del alcalde de Sincelejo, quien fue suspendido por el contralor general debido a los sobrecostos en los mercados para personas pobres.
La suspensión se dio, según explicó el contralor en un boletín de prensa, en aplicación del «principio de verdad sabida y buena fe guardada”.
Gómez también deberá afrontar un proceso de responsabilidad fiscal por $1.051.748.446.
“(…) como consecuencia del daño al patrimonio del Municipio de Sincelejo derivado de sobreprecios y la entrega incompleta de algunos elementos que conformaban los 26.666 kits que debían ser entregados a población vulnerable a través de los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020”, precisó el organismo fiscal.
De acuerdo con este, hay sobreprecios en los productos que conforman los kits, “que oscilan entre el 28% y el 164% (dando un promedio de 52,36%)”.
“Así mismo, en relación con la entrega incompleta de productos, se tiene que no fueron entregadas 66.665 libras de fríjol dejando a 13.333 familias que recibieron los kits sin dicho alimento. Así mismo en 906 kits no se entregó el aceite, así como tampoco se entregaron 18.644 libras de lenteja y 3666,5 libras de sal”, añadió el ente.
También a responder
El proceso fiscal contra el alcalde Gómez vincula como presuntos responsables fiscales, además, a Leonardo Beltrán Pinto, supervisor del contrato; María Teresa Vergara Merlano, gerente de la estrategia COVID-19, así como a los contratistas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS. y Abastos y Fruver el Paraíso SAS.
“Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor ($1.999 millones -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio). Y los dos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar (en cada caso) 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio”, precisó.
En la Fiscalía
El alcalde Gómez también fue llamado a interrogatorio de indiciado por parte del fiscal general Francisco Barbosa, así como a los siguientes:
- Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Sincelejo, Kattiuska Margarita Fernández Castillo.
- Supervisor de Contrato en Sincelejo, Leonardo Beltrán Pinto.
- Director técnico de Gestión Contractual de Sincelejo, Andrea Gutiérrez Ahumada.
- Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Sincelejo, Gustavo Pérez Mier.
- Supervisor de Contrato en Sincelejo, Diomedes de Jesús Guevara Pereira.
- Representante Legal Biel People Publicidad, Hugo José Tabares Sierra.
- Representante Legal Abastos y Fruver El Paraíso, María Eugenia Mercado Pertuz.
En la Procuraduría
También por los sobrecostos, el procurador general llamó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo, así como a la jefe la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; a la directora Técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto.
Contra el alcalde de Coveñas
En el caso del alcalde de Coveñas, Rafael Ospina Toscano, la situación más complicada la afronta en la Fiscalía. El fiscal general anunció que le imputará cargos, entre ellos, “interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado”, y solicitará medida de aseguramiento, sin especificar si es casa por cárcel o cárcel.
Lo anterior por sobrecostos en el contrato para entregar mercados a la población pobre y que suscribió con Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcarservicios.
Por presuntas irregularidades en ese mismo contrato, el contrarlor le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $229.476.753.
El contrato inicial fue por $1.206.000.000, a un plazo de 7 días, para suministrar 6.000 kits de alimentos e igual número de kits de aseo.
Tras enterarse de que las ‘ías’ estaban tras presuntas irregularidades en ese contrato, el alcalde modificó el contrato “en el cual el alcalde municipal y el contratista pactaron realizar un ajuste y revisión de los precios, en donde ya no se entregarían 6.000 Kits de alimentos y 6.000 de aseo, sino 6.550 de cada uno, por el mismo precio: $1.206.000.000”.
“La cuantía del daño patrimonial se determinó, teniendo en cuanta que el costo directo del contrato debió ser de $788.678.950 y como costos asociados el valor de $187.844.298 (empaquetado, transporte, impuestos entre otros), es decir que el valor total del contrato debió ser de $976.523.248 y no de $1.206.000.000”, precisó la Contraloría.
También fueron vinculados como presuntos responsables fiscales:
*Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcarservicios, contratista.
*Fabio Enrique Maestre Machado, secretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico, en su calidad de interventor y/o supervisor.
En la Procuraduría
Por estos motivos, el alcalde y su secretario también deberán responder en la Procuraduría, que los citó a juicio disciplinario.
“Se investiga la idoneidad para contratar con una fundación que tiene su sede en otro departamento y que tuvo que adquirir con un proveedor mayorista los productos incluidos en los kits y si los precios unitarios de los productos que componían los kits de alimentos y aseo, así como el del transporte fueron modificados al arbitrio de la fundación contratista, sin que existiera una justificación valedera o económicamente razonable, lo que habría sido avalado por los funcionarios, en lo que sería un caso, además, de presunta negligencia, con actuaciones precipitadas y carentes de cuidado”, sostuvo el Ministerio Público.
Esta la rueda de prensa donde fueron anunciadas las decisiones:
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