El próximo jueves, 23 de febrero, se sabrá si el mayor Cristian Alberto Betancourth Salamanca, es enviado a la cárcel de manera preventiva como presunto partícipe de la masacre de Chochó.
Mientras eso ocurre, y como no pasó con los otros 11 implicados, el oficial tiene de su lado a la Procuraduría, que pidió al juez no enviarlo a prisión porque hay testimonios en su contra que son contradictorios.
A Betancourth ya le imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura, cargos que no aceptó y que, según los testimonios, se deben a que apoyó la detención sin fundamento de José Arévalo, Carlos Ibáñez y Jesús Díaz y golpeó a uno de ellos.
Pero la Procuraduría cree que hay muchas contradicciones en esos señalamientos, declaraciones y versiones de los policías que acudieron al sitio donde detuvieron a las víctimas, cerca del corregimiento de Chochó.
«Por mucho que se analizan, todas las versiones son diferentes. Para el ministerio público está bastante enredada la línea de tiempo», sostuvo Beatriz Gómez, procuradora judicial.
La funcionaria consideró que, si bien el mayor está asignado al área administrativa del Comando, él no necesitaba autorización salir de la oficina e ir al sitio de los hechos porque se trataba de un hecho grave, el asesinato de un policía, lo que antecedió la detención de los jóvenes.
«No está clara su participación en ese hecho. Él podía ir a ese lugar por sentido de pertenencia, no necesitaba autorización para llegar a una escena del crimen», resaltó.
El abogado del mayor le pidió al juez que, por esas inconsistencias, su cliente debe quedar en libertad.
Uno de los representantes de las víctimas se opuso a esta solicitud porque considera que los testimonios en el proceso incriminan al oficial y porque él pudo haber incurrido en omisión al ver que los jóvenes estaban visiblemente maltratados y no hizo nada para evitar ese sufrimiento.
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