El asesinato de líderes sociales en el país, y particularmente el de Julián Quiñónez, de Coveñas; así como las amenazas constantes, han impactado negativamente el trabajo de líderes en el departamento de Sucre.
Así lo aseguró José Freddy Aguilera, directivo de la Mesa Sucreña por la Paz, quien explicó que el «proceso de decaimiento» viene desde la posesión del nuevo Gobierno.
«Un impacto en las comunidades en la medida en que ya la gente se frena un poco porque no sabe a qué atenerse. El entusiasmo y las movilizaciones con el tema de la paz, que abrió las puertas a las acciones civiles por fuera de las acciones armadas, despertó luego del Acuerdo con las Farc. Pero como el Acuerdo lo han venido reduciendo, lo han metido en el cajón, a un aspecto secundario, eso afecta las posibilidades de movilización.»
Para Aguilera, la protección de las autoridades al líder Quiñónez fue tardía, pese a las amenazas que había contra este.
«Fue tardío, no se actuó. No estamos como territorio en el PAO (Plan de Acción Oportuna). Hay un decreto que obliga a los alcaldes y a los gobernadores a proteger a los líderes y defensores de derechos humanos, pero todas esas cosas no dan los resultados que deben dar.»
El directivo pidió que el Gobierno tenga en cuenta los esfuerzos de las comunidades en asuntos como los planes de desarrollo con enfoque territorial, conocidos como Pdet.
«¿Cómo incentivamos? ¿Cómo despertamos para crear una nueva situación de la sociedad civil que permita el cumplimiento de los acuerdos (de paz) y desarrolle políticas públicas diferentes para proteger a los defensores de derechos humanos? Que el ejercicio de liderazgo a nivel comunitario no sea un factor de riesgo para la vida.»
«El PAO no es nada»
La declaración de Aguilera se dio en desarrollo de un taller dirigido a líderes y dictado por Jahel Quiroga, delegada para las Plataformas de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, y sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica.
Ella opinó que el Plan de Acción Oportuna genera preocupación porque, pese a ese mecanismo de protección a líderes, no ha sido efectivo.
«Ha sido algo cosmético porque no desactiva los factores estructurales de riesgo. ¿Cuáles son? La existencia del paramilitarismo en las regiones en conexo, muchas veces, con fuerza pública. Y la militarización de los territorios lo que trae es una cohonestación con esa situación; la impunidad, por ejemplo. El Acuerdo de Paz creó un cuerpo élite de la Policía para capturar a los paramilitares, una unidad de investigación en la Fiscalía, ¿y cuáles son los resultados? Y resultados en cifras de vidas e integridad personal.»
Quiroga fue enfática en asegurar que «el PAO no es nada», que aunque tiene cuatro ejes, como la articulación y reingeniería institucional, las instituciones dispersas y las normas no ayudan.
Tampoco ha habido elección de zonas de intervención estratégica integral, que fueron clasificadas por el Gobierno en 33 municipios de ocho departamentos en los que hay microtráfico y minería, más no incluye la violencia a líderes.
«El Gobierno se queja de que está siendo estigmatizado, porque la opinión pública dice que ellos no han hecho nada, y sí están haciendo. Nos dicen guerrilleros, de todo. No. Y el cuarto punto es la construcción de una política pública para la defensa de los derechos humanos. Esa la propone el Gobierno, pero solamente ve prevención y protección. Pero, como el anterior Gobierno, cifra la protección en lo material: el carro, el escolta, y no lo articula con la investigación judicial y desactiva los factores estructurales de riesgo.»
Comentarios en Facebook