La Procuraduría General de la Nación, al igual que lo hizo la semana pasada Contraloría General, se tomó este lunes 9 de marzo la sede del Bienestar Familiar en Sucre.
Una comisión encabezada por Liliana García Lizarazo, procuradora delegada para la vigilancia administrativa, ingresó este mediodía a la oficina del Bienestar en el barrio Boston, de Sincelejo, donde funciona la dirección.
A ella la acompañaron tres mujeres más, entre ellas Lesvia Montalvo Díaz, procuradora regional de Sucre, quienes buscan elementos probatorios relacionados con posibles irregularidades en la contratación.
Esta situación quedó en evidencia cuando el veedor Andrés Pertuz y el senador Alexánder Maya dieron a conocer a la prensa que, en un video en el que se ve a Juan Francisco Ortega Hernández, entonces director del Bienestar en Sucre, este estaba al parecer en estado de embriaguez manipulando un documento con el logo de la entidad.
En la mesa donde estaba había una lata de cerveza y un vaso que también tenía, supuestamente, licor.
El veedor aseguró que eso probaba la forma «adelantada» en la que en el ICBF firmaban contratos.
Días después, otro escándalo rodeó al director; en una vía rural de Sampués le hallaron 60 millones en efectivo y un arma sin documentos, por lo cual fue capturado.
Un juez lo dejó en libertad por mal procedimiento de la captura por parte de la Infantería de Marina.
El Bienestar familiar lo declaró insubsistente y la entidad está a cargo de una funcionaria de carrera administrativa.
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