Al palpable clamor ciudadano en Sucre para que los gobiernos departamental y capitalino tomen acciones para fortalecer la red hospitalaria y para evitar la propagación del virus, se unió este 7 de julio la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio Público llamó la atención tanto del gobernador Héctor Espinosa como del alcalde Andrés Gómez para que implementen «de forma urgente estrategias que garanticen la ejecución coordinada de acciones orientadas al control de los contagios por covid-19 y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en el departamento».
«Para el Ministerio Público resulta alarmante que entre el 1 de junio y el 6 de julio de 2020, los casos pasaran de 20 a 1.892, y que este crecimiento exponencial de la pandemia generara la ocupación del 100% de las pocas camas de Unidades de Cuidados Intensivos -UCI-, que el departamento tiene destinadas para la atención de pacientes positivos para covid», consideró la Procuraduría.
El organismo disciplinario informó que había enviado una carta al gobernador y otra al alcalde de Sincelejo en la que cuestiona que solo hasta el 23 de junio, tres meses después de iniciada la cuarentena, fuera aprobado el plan de expansión de la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud.
«(…) con el aval a los tramites precontractuales y contractuales necesarios para la adquisición de camas UCI, intermedias, equipos biomédicos y módulos hospitalarios», añadió.
Para la Procuraduría es indispensable que haya de forma inmediata un equipo multidisciplinario defina las acciones para ejecutar obras y adquisición de equipos necesarios que garanticen la capacidad de la infraestructura médico asistencial para asegurar las condiciones de salud y vida de ls pacientes positivos para COVID-19.
«(…) las autoridades territoriales tienen el deber y la obligación de ejecutar todas las acciones que estén bajo su competencia para la atención de los enfermos, y la implementación de medidas conducentes a garantizar la seguridad alimentaria y el control del orden público, teniendo en cuenta las inusitadas características de contagio y mortalidad de la pandemia, y sus graves efectos socioeconómicos a nivel local y nacional», señaló.
Espinosa y Gómez tienen un plazo de 24 horas para que informen a la Procuraduría de las acciones fijadas para atención de la emergencia.
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