La Procuraduría General de la Nación confirmó este jueves 9 de julio la destitución e inhabilidad contra el exalcalde Jairo Fernández Quessep, quien ejerció entre 2012 y 2015.
La inhabilidad es por 11 años «por irregularidades en la celebración del contrato 201 del 23 enero de 2014 por $662.857.920 pesos».
«El ente de control demostró que los disciplinados contrataron directamente la implementación de una plataforma digital para los colegios oficiales de la ciudad, a pesar de que correspondía adelantar una convocatoria pública», informó la Procuraduría.
En el mismo fallo fue inhabilitada por 12 años Ila Paola Ruiz Álvarez, exsecretaria de Educación de Sincelejo entre 2013 y 2015.
«Aunque en los estudios previos se señaló que esta modalidad de contratación se seleccionó porque la plataforma escogida era la única que cumplía con el proyecto, la Procuraduría evidenció que había otras casas de software educativo que ofrecían los bienes y servicios solicitados por la Alcaldía de Sincelejo», consideró el Ministerio Público.
El fallo señala que los funcionarios faltaron al principio de transparencia en la contratación pública.
«Para el Ministerio Público Fernández Quessep y Ruiz Álvarez incumplieron el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que determina como falta de los servidores públicos “participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual (…) con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”.».
Por eso la Procuraduría calificó estas faltas como gravísimas a título de culpa gravísima por «desatención elemental».
El fallo es de segunda instancia y por eso no hay recurso que proceda contra él, añadió el organismo disciplinario.
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