A la indagación que le abrió la Procuraduría General de la Nación al gobernador de Sucre por presuntas irregularidades en la compra de mercados para población vulnerable, se suma la que afrontarán funcionarios de la administración departamental.
La decisión es de la procuradora delegada para la moralidad pública, Olga Alfonso Velásquez, quien ordena la indagación para «identificar al autor de la posible falta, verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de ilícito disciplinario o si se ha actuado al amparo de la causal de exclusión de responsabilidad».
«Este Despacho dispondrá iniciar indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación de Sucre y demás servidores públicos y/o particulares que resulten involucrados en las irregularidades detectadas en la etapa previa y de ejecución de los contratos suscritos durante la presente vigencia», señala la funcionaria en un documento de 10 páginas.
Pruebas
Entre las pruebas que la Procuraduría ordenó recolectar, directamente del despacho del gobernador y demás dependencias competentes, están copias de los cinco contratos para suministrar mercados a personas pobres, un total de 100.000, que costaron $14.868.765.627.
También buscará obtener documentos que acrediten la experiencia de los contratistas seleccionados, así como información sobre el método utilizado para determinar los beneficiarios de los mercados, listas de los mismos y acta o documentos que acredite el recibo de los alimentos.
El Ministerio Público solicitará la expedición de certificados donde sea posible identificar nombre, cargo, tiempo de servicio, salario y última dirección registrada de los funcionarios que elaboraron los estudios previos o la etapa previa de contratación y que estuvieron a cargo de firmar los contratos para el suministro de mercados, así como quiénes seleccionaron a los beneficiarios.
Contrato de publicidad
La indagación de la Procuraduría se extiende a verificar la legalidad de un contrato de publicidad que buscaba difundir una estrategia para prevenir la COVID-19 y que fue liquidado de mutuo acuerdo.
Este caso produjo hace unas semanas un pronunciamiento de Karem Gaviria, secretaria privada del gobernador y supervisora del fracasado contrato, en el que asegura que no hay irregularidades.
La funcionaria comisionada para practicar las pruebas es la procuradora regional de Sucre, Lesvia Montalvo Díaz.
También en Sincé
Esta indagación es producto de quejas que instauraron Andrés Montesino Madera, de quien se desconocen mayores datos, y un anónimo.
La procuradora delegada para la moralidad también ordena una indagación por la entrega de mercados en el municipio de Sincé y por convenios interadministrativos con la ESE local «con gastos exagerados».
«y cuyos beneficiarios fueron los amigos del alcalde y los concejales que lo acompañan en su coalición, no existiendo justificación ante el gasto altísimo de las bolsas en las que entregan los mercados y que llevan el logo de la Alcaldía, pudiendo haberse entregado los mercados en bolsas de menor costo», dice un extracto de la queja.
Esa averiguación sobre Sincé la asumirá la Procuraduría Provincial de Sincelejo.
Este es el documento que ordena la indagación.
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