El 20 de agosto, en una audiencia pública, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pedirá cuentas a más de una decena de entidades del departamento de Sucre encargadas de proteger cinco cementerios de San Onofre donde puede haber víctimas de desaparición forzada.
La audiencia, según informó el tribunal transicional, «busca hacerles seguimientos a los cinco autos emitidos por la JEP en 2019», luego de una audiencia pública en Cartagena en la que ordenó diversas medidas de protección restaurativas, «con el fin de conservar, identificar y entregar los cuerpos no identificados que se encuentro en los lugares objeto de la decisión».
Esos lugares son los cementerios de San Onofre, Rincón del Mar y las fincas La Alemania y El Palmar, esta última, centro de operaciones del desaparecido exjefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias «Cadena».
«Se presume que en los mencionados cementerios habría cuerpos inhumados no reportados o no inventariados que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado», resumió la JEP en un comunicado emitido este miércoles (18.08.2021).
La JEP preguntará a la Fiscalía, una de las entidades responsables, qué resultados ha obtenido tras la búsqueda, identificación y entrega de las víctimas de desaparición forzada y cuál es el plan de búsqueda.
A la Gobernación le preguntará qué acciones de conservación ha desarrollando y cuáles están pendientes. Habrá participación de entes locales y gubernamentales, así como del Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Sociedad de Activos Especiales y la Procuraduría General de la Nación.
Las víctimas fueron invitadas a la audiencia, lo mismo que sus representantes, con lo cual la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad busca «allanar el camino para una construcción conjunta de la verad y avanzar de manera efectiva en la restauración como forma de consolidar la valía real de los derechos, la reconfiguración de la confianza cívica y el fortalecimiento de la ciudadanía».
La JEP podrá sancionar a los representantes de las entidades que incumplan con las medidas.
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