A ocho días de que se cumpla un mes de la segunda denuncia en su contra por contratación irregular, la agente interventora del Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), Inés Bernarda Loaiza Guerra, emitió un comunicado en el que, de momento, evita referirse al asunto.
Lo hizo con membrete del centro asistencial, intervenido hace 17 meses por la Superintendencia de Salud, y luego de protestas por parte de exempleados del ente a los que les deben hasta 24 meses de sueldo.
El escrito, de 5 puntos, se centra en «precisiones» sobre los pasivos vigentes por concepto de servicios «personales directos e indirectos».
En resumen, el documento se remite a mayo de 2019 para indicar que, en ese momento, comienzo de la intervención, la deuda era de $42 mil millones, de los cuales $3.840 millones corresponden a personal de planta (nóminas marzo y abril, primas, retroactivo, descuentos a terceros y 18 meses de seguridad social), y $39.198 millones por deudas a contratistas de «servicios personales».
Loaiza asegura que de los casi $19.000 millones que el Gobierno nacional aprobó para el salvamento de hospitales públicos a través de un fondo especial, fue saldada la deuda con el personal de planta, que están pagando oportunamente salarios, primas y seguridad social, y que ya está cubierta la prima de Navidad y el retroactivo del año en curso.
Esa situación puede explicar el apoyo que, pese a las denuncias en su contra, han expresado públicamente empleados a la interventora luego de que el fin de semana pasado aparecieran carteles que la señalaban de «delincuente de escritorio» y que fueron retirados por personal de seguridad del ente asistencial.
Lo anterior contrasta con las protestas de exempleados lideradas por el médico Aristides Buelvas, quien representa a aquellos a los que les deben hasta dos años de salarios, realidad que evidencia, como nunca antes en la historia de lucha laboral en el HUS, posturas distintas entre quienes asumen la vocería de empleados, ya sea por liderazgo natural, como Buelvas, o por sindicatos, como ocurre con algunos de los que apoyan a Loaiza y que, ante los señalamientos, la recibieron con calle de honor y pañuelos blancos.
«Con respecto al personal indirecto, fueron programados los recursos asignados por Fonsaet (el fondo especial) y ya están listas las bases de giro por un valor de $13 mil millones, que serán girados desde el encargo fiduciario a los beneficiarios finales y esperamos que sean recibidos por ellos antes de finalizar el año», dice el comunicado, uno de los pocos que se han conocido durante la gestión de Loaiza.
La interventora agrega que queda pendiente el giro por $4.700 millones adicionales para las dos cooperativas que, «infortunadamente, no aportaron el pago de seguridad social de sus vinculados y por tanto no cumplen con los requisitos que prevé la norma para proceder con el pago».
«Para subsanar esta situación, actualmente con la asistencia técnica de la Supersalud y Minsalud, se encuentra en trámite de revisión esta situación para encontrarle solución de fondo lo más pronto posible», sostiene.
Pero luego de eso quedan pendientes deudas por $22 mil millones con contratistas indirectos, cifra que supera el monto que aportó el Gobierno con el fondo especial.
«(…) como ya lo hemos manifestado en otros escenarios, requieren aportes extraordinarios del departamento y la Nación, que ya se vienen gestionando», resalta.
Las denuncias
Las denuncias contra Loaiza, a las que no se refiere en el comunicado pese a las insistentes consultas de la prensa, de la Asamblea y de voceros de los empleados del sector salud y colectivos sociales, son por haber contratado, según se observa en la búsqueda de antecedentes de la Procuraduría, con un contratista que estaba inhabilitado al momento de la firma.
Los contratos sobrepasan los 50 millones de pesos y son con un exfuncionario de la Policía Nacional que tiene una firma de nombre Cresort SAS. Tanto ella como el superintendente nacional de salud han guardado silencio frente a los casos.
Loaiza devenga $26 millones por mes, más del doble de lo que ganaba el último gerente antes de la intervención del Hospital.
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