El oficial de mayor rango condenado por los ‘falsos positivos’ en el departamento de Sucre, el coronel retirado Luis Fernando Borja Aristizábal, reapareció.
Lo hizo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 29 de junio, pasadas las 4:00 de la tarde, para una audiencia, la primera de muchas, a la que compareció ante ese alto tribunal.
El oficial, sentenciado a 21 años por el Juzgado Único Especializado de Sincelejo, fue acogido por la JEP y esta le concedió la libertad bajo un compromiso de aporte a la verdad.
La audiencia, que fue virtual y en la que el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre habló sobre las ejecuciones extrajudiciales, pudo ser vista por los familiares de las víctimas.
Una de las aseveraciones del retirado oficial es que el caso de Evin David Paternina fue responsabilidad del Gaula del Ejército de Montería, que, para la época, julio y agosto de 2007, estaba adscrita a la Brigada 11.
El periódico El Heraldo, que documentó apartes de la diligencia, de carácter privado, dio cuenta de la suspensión de la audiencia porque la mamá del menor, este último con una discapacidad cognitiva, tuvo una gran carga emocional.
Otra de las revelaciones del excomandante, quien tenía sede en Sincé (Sucre), se resume en las crudas exigencias de parte de sus superiores.
«A mí me pedían muertos y yo pedía muertos», sostuvo, y añadió que el general Montoya les pedía «litros de sangre, no capturas».
«(…) Es la palabra mía contra la de ellos, pero todos conocían de las ejecuciones extrajudiciales, hasta el jefe del Estado Mayor Conjunto conocía de ello, a pesar de no tener nada que ver con operaciones», aseguró.
De él, según su declaración, fue cómplice el mayor Céspedes Escalona, de quien afirmó era el encargado de coordinar todo, en referencia a las operaciones.
«A mí solo me decía, por ejemplo: ‘Mañana equis patrulla va a realizar dos bajas en tal sitio, en tal carro’, y enviaba al cabo Toledo y al soldado Contreras a reclutar a los dos jóvenes para esas ejecuciones extrajudiciales. Solo en tres oportunidades no supe de esas ejecuciones, de las otras sí. Yo no sabía del cómo, sino quién hacía la acción, cuándo y qué patrulla», añadió.
La Brigada 11, de la que era dependiente la Fuerza de Tarea, era la que exigía las bajas, según contó, a través de la línea de mando compuesta por el general Mario Montoya y su subalterno, el general Pico Hernández, al frente de la Brigada.
Otro de los hechos que detalló es que había estado en una reunión en la I Brigada de Corozal, con asistencia de Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, quien preguntó por el comandante de la Fuerza de Tarea. Él se paró y Santos le dio un mes para que solucionara la inseguridad denunciada por ganaderos.
Si no lo hacía, lo retiraban. Los subalternos de Borja, continuó él en su relato, se le acercaron preocupados porque detrás de él irían ellos. Borja entendió eso como un mensaje claro de que debía aportar bajas a como diera lugar, pues esa era la unidad que menos reportaba.
«El coronel Peña me ordenó crear un grupo especial porque en otros batallones como Vélez y Nariño había resultados y donde nosotros no, y las bajas eran las que sumaban en la brigada, las capturas no. Todos sabían de eso y que ahora digan que no, que yo soy el único responsable acá, no es cierto», manifestó.
Sobre los reclutadores, Borja aseguró que no conocía a ninguno porque no se encargaba de eso, sino el mayor Céspedes Escalona. Su versión también reconoció que no sabía de tres casos de ejecuciones extrajudiciales.
De todos los demás, como documentó El Heraldo, Borja tiene un cuaderno en los que documentó esta práctica criminal que dejó viudas, huérfanos y padres y madres destrozadas en Toluviejo.
Las víctimas fueron: Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, John Jairo Colón Ayala, Frank Arley Padilla Bandera, Luis Fernando Mejía Vides, Déimer Hoyos Rodríguez, Cristian Vergara Osuna, Miguel Jiménez Chamarro, Julio Rafael Julio Olivero y Bernardo Patrón Viloria, así como Evin David, el menor.
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