Dieciocho años después de ocurrida, la masacre de Chengue sigue viva en los estrados judiciales. Eso se debe a que no todos los culpables, para la justicia, han pagado y a que fue declarada de lesa humanidad, lo que hace que no prescriba.
Un nuevo capítulo lo escribió hace poco la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó la acusación en contra Camilo Martínez Moreno, oficial de la Armada, por estos hechos.
El uniformado es señalado como coautor del delito de concierto para delinquir agravado por haber, presuntamente, promovido el bloque paramilitar Montes de María.
Él está prófugo y también es señalado de autor por omisión de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado.
El origen de esta acusación está en la una fiscalía especializada en Derechos Humanos que lo acusó por su presunta responsabilidad en esta masacre que dejó 29 muertes.
La Fiscalía sostuvo en diciembre de 2017: “(fueron) vilmente masacradas en la plaza del pueblo, concomitantemente algunos hombres de la agrupación saquearon, incendiaron las humildes viviendas donde moraban esas personas y otras tantas, marcadas con aerosol, con leyendas alusivas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
El exmilitar ha intentado librarse del peso de este señalamiento judicial y para eso apeló basado en la falta de pruebas para incriminarle, pero la Fiscalía piensa otra cosa.
El Tribunal Administrativo de Sucre condenó al Estado y ordenó una indemnización de $3.500 millones para los familiares de las víctimas.
La consideración fue que la Armada y la Policía sabían que la masacre podía ocurrir y no lo evitaron.
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