Apenas reintegrado al cargo esta semana, luego de que la Contraloría General le levantara la suspensión por sobrecostos en mercados para entregar a personas pobres, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, compareció este miércoles 17 de junio ante la Procuraduría y fue llamado a juicio disciplinario.
Lo mismo ocurrió con tres de sus funcionarios con responsabilidad directa en los dos contratos de alimentos: Leonardo Beltrán Pinto, secretario de Desarrollo Económico y supersvisor; Katiusca Fernández Castillo, jefe de la Oficina Jurídica, y Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, jefe de la Oficina de Contratación.
Gómez y sus colaboradores comparecieron vía teleconferencia desde la sala de audiencias de la Procuraduría Regional de Sucre ante el procurador II delegado para la vigilancia Administrativa, Giancarlo Marcenaro Jiménez, quien calificó las faltas disciplinarias como «gravísimas».
La audiencia, que empezó a las 9:00 de la mañana duró casi cinco horas e incluyó la lectura del auto de apertura de la investigación y llamamiento a audiencia, que tiene 85 páginas.
El procurador delegado fijó la próxima audiencia para el 25 de junio, a las 9:00 de la mañana, cuando los abogados de los investigados expondrán sus alegatos.
El primero en intervenir será Pedro Escorcia, que defiende al secretario Leonardo Beltrán, y continuará Frank Montes, defensor de Katiusca Fernández; seguirá el abogado Luis José Merlano, que defiende a Andrea Tulia Gutiérrez, y concluirá Jaime Granados, defensor del alcalde.
El organismo disciplinario cuestionó a los investigados su proceder en el trámite antes y después de los contratos suscritos entre la Alcaldía y las firmas Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S.
La Procuraduría cree que el alcalde Gómez incurrió en una falta disciplinaria «gravísima» y en «culpa gravísima» en detrimento del patrimonio público. También le reprocha que hubiera desconocido los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad de la contratación estatal y la función administrativa.
A las jefes Fernández y Andrea les achacan la omisión de un estudio jurídico adecuado a las propuestas de los cotizantes, lo que impidió que la Alcaldía conociera la realidad del mercado y establecer así si eran viables los precios presentados en las ofertas.
Sobre el secretario, el Ministerio Público consideró que había omitido la verificación de estas propuestas y si estas se ajustaban o no a los precios reales del mercado y por eso se presentaron los sobrecostos, así como haber certificado que la población recibía a satisfacción la totalidad de los kits de alimentos de los que hay indicios de que no estaban completos.
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