El alcalde de Sincelejo le pidió este miércoles al Gobierno nacional que retire de la capital a la EPS Coomeva por su incompetencia e incumplimiento al no tener una red prestadora de servicios.
Es un llamado justo y oportuno por cuanto son empresas grandes que reciben miles de millones de pesos al mes y no se ocupan de la salud de los usuarios.
Estos últimos sufren penurias porque deben buscar de su bolsillo la atención que les niega la EPS (no solo Coomeva, hay otras) y ello va en detrimento de la salud.
La Superintendencia Nacional de Salud debe estudiar la propuesta del alcalde y considerar si con el retiro de la EPS se resuelven los problemas. Ahora bien, si ese retiro se da, los usuarios deben tener plenas garantías de atención, pues no pueden quedar a la deriva.
Es inaceptable que estas empresas que mercantilizan la salud sigan operando en Sucre sin ningún tipo de sanción social.
La sociedad espera que sus mandatarios hagan lo que ellos no pueden: meter en cintura a las compañías que convirtieron en clientes a los pacientes y que no atienden a quien no tiene dinero. Esto se debe a que la salud ya no es un derecho, sino un negocio.
Se debe revisar también desde el gobierno local hasta el nacional el caso de la pésima atención por parte de clínica Las Peñitas a los docentes y sus familias.
Este operador no se escapa a las denuncias por mala o nula atención, pero nadie competente hace algo para que haya respeto por la vida de los seres humanos.
La salud es un derecho, no un negocio, señores de las EPS.
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