La Asamblea de Sucre (por definición colectiva, porque no fueron todos sus miembros) entró este jueves 17 de diciembre en una contradicción involuntaria –dicho por buena fe– a sus reparos al Gobierno departamental.
Lo anterior porque cuando Sucre Diferente, marca que Héctor Espinosa le puso a su programa de gestión, envía proyectos de ordenanza mal soportados o vagos, la Asamblea ha cuestionado sin vacilación estas falencias, que pasan por varias secretarías.
Una posición que la corporación parece haber olvidado, por lo menos en actuales las sesiones extraordinarias, porque está a punto de aprobar, dirían algunos que «a pupitrazo», por ser a contrarreloj y dada su gran importancia, un proyecto que, entre otras cosas, le permitiría al gobernador liquidar entes de salud descentralizados.
Sindicatos del sector, líderes sociales y organizaciones civiles como el naciente Comité por la Defensa de la Salud Pública han alertado de que los hospitales de Sucre están a las puertas de la privatización a causa del mencionado proyecto.
En el segundo debate de este jueves (que quedó abierto) y con consideraciones propias de un asesor de comunicación corporativa o de imagen, siete de los 11 diputados decidieron que el pueblo sucreño tiene suficiente con conocer, a través de una rueda de prensa, las intenciones del gobernador con la citada iniciativa de salud.
La rueda de prensa fue propuesta, apenas en ese instante, por el secretario de Salud Juan Carlos Granados cuando exponía ante los diputados lo que planea su jefe si la Asamblea le da esas facultades. Hasta la noche de este mismo jueves, por lo menos en lo que a este diario concierne, la convocatoria a la ronda de preguntas no había llegado.
En lugar de la rueda de prensa, los siete diputados hundieron la posibilidad de que las opiniones de representantes del sector salud, sindicatos y líderes fueran públicas, en plenaria, con transmisión por Facebook como aguinaldo para quienes sí les importa lo que deciden aquellos que se dicen representantes del pueblo.
En cambio, diputados como el ponente Luis Alfonso Álvarez, calificaron de «terrorismo psicológico» las consideraciones, válidas como la de él en una democracia, de quienes no ven con buenos ojos los súper poderes que está pidiendo el gobernador.
Lo que ocurre en la Asamblea deja un mal sabor en la ciudadanía, principalmente por lo siguiente: no es presentable que un proyecto de tanta envergadura, que contiene 7 verbos (reestructurar, crear, suprimir, liquidar, escindir, fusionar o transformar) haya sido dejado para última hora en la Asamblea, que está en extras; tampoco se ve bien que la Asamblea, no obstante las válidas inquietudes de la ciudadanía sobre qué pasará con los hospitales que paga con sus impuestos, haya privatizado la discusión con involucrados o afectados en este proyecto; y mucho menos presentable es que en un escenario donde se debe defender la democracia se estigmaticen de manera riesgosa las posturas de los opositores al ambicioso proyecto de ordenanza.
Si la Asamblea se dice idónea, responsable y representante del pueblo, lo más normal y sano, como lo propuso el diputado González, citando sentencias constitucionales, es que la discusión en torno a este delicado asunto hubiese sido lo más pública posible. Y, por supuesto, con mayor amplitud de tiempo para un estudio riguroso y con participación muy plural de los que representan el sector salud.
Y es que a la rueda de prensa pudiesen asistir solo los medios interesados en cubrirla y también existe la posibilidad de que el Gobierno departamental responda, por acción o por penosa omisión, solo lo que cree que se debe comunicar y no lo que todos necesitan saber.
Lo que suceda con estas súper facultades que pide el gobernador puede quedar en la mente de los sucreños como un rasero para saber con qué tipo de control cuenta en la Asamblea, que, como controladora, también es susceptible del control de quienes la eligen, que son sus verdaderos jefes.
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