Pese a estar intervenido desde hace 17 meses, y a las pomposas inversiones –no por eso inútiles– que promocionan en redes sociales del sector oficial para mostrar como logros lo que es un deber de quienes ejercen una función pública por las que pagamos los contribuyentes, el Hospital Universitario de Sincelejo (HUS) sigue en estado crítico.
El centro asistencial más importante de Sucre, donde son atendidos desde sucreños hasta bolivarenses y cordobeses, está en manos de una agente interventora avalada por el Superintendente Nacional de Salud, quien la ha mantenido en el cargo en medio de graves cuestionamientos legales y éticos contra ella.
Inés Bernarda Loaiza Guerra está denunciada por el diputado Luis Alfonso Álvarez Padilla, del partido Centro Democrático, por haber contratado dos veces con una firma cuyo representante legal estaba inhabilitado por la Procuraduría en el momento de firmados los millonarios contratos.
Las denuncias del coadministrador son corroborables con un sencillo vistazo en los antecedentes disciplinarios en la página de la Procuraduría y con la compra de un certificado de Cámara de Comercio, o con un vistazo al Secop, el portal de compras del Estado.
El superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, quien posa duro de palabra y de hechos con la ineficiencia y con la corrupción en el sector salud, ha mantenido silencio frente al tema, o al menos eso le hacen creer a la prensa la agente interventora y asesores de la oficina de comunicaciones de su entidad, quienes prometen respuestas que jamás llegan.
Los cuestionamientos a Loaiza son un mal síntoma para un hospital que por años ha sido apetecido por corruptos a costa de quién sabe cuántas vidas, sobre todo de gente pobre, que espera atención digna, «de brazos abiertos», como dice el vetusto aviso del Hospital.
Solo este miércoles 9 de diciembre, bajo agua y con esfuerzos, un grupo de extrabajadores del Hospital Universitario de Sincelejo se quedó esperando unos cuantos minutos por parte de la interventora para que esta escuchara sus justos reclamos: el pago de, en promedio, 24 meses de salarios que les deben. Se encontraron con que Loaiza, quien recibe sagradamente –según diputados– alrededor de $26 millones de sueldo por mes, estaba de viaje a Bogotá.
¿Por qué es tan poderosa e inalcanzable la interventora? ¿Por qué no comparece ante los perjudicados exempleados que están pidiendo lo que les corresponde? ¿Por qué lo que no anda bien en el Hospital Universitario de Sincelejo no ha merecido siquiera un comunicado del superintendente nacional de Salud? ¿Quién interviene a la interventora?
Las respuestas quizás estén en que el servicio público, representado en quienes lo integran, ha perdido la capacidad de entender que los ciudadanos somos los que pagamos a los servidores y que esperamos de ellos, sin sumisión, pero sí con seriedad y actitud solícita, nos den cuentas de lo que les confiamos. Por eso no está de más recordarles que solo son administradores y no dueños de instituciones que parecen tener marca personal y hasta familiar.
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