Cuarenta y siete líderes sociales residentes en 14 municipios del departamento de Sucre han denunciado amenazas desde el 2007.
La mayoría de los amenazados residen en Sincelejo, 13 en San Onofre, 4 en Ovejas, 2 en, San Benito, 2 en Colosó, 2 en Corozal y 2 en Los Palmitos; mientras que Chalán, Buenavista, Toluviejo, Palmito, Coveñas, Tolú y Sampués registran un caso cada uno.
Estas cifras oficiales, conocidas por www.sucrenoticias.com, han sido documentadas desde 2007, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó las primeras medidas cautelares para líderes de Sucre pertenecientes al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Diecisiete miembros de esta organización cuentan actualmente en este departamento con medidas cautelares de la CIDH. Los más amenazados en Sucre son líderes del Movice.
Once de los miembros del Movice con medidas cautelares residen en San Onofre y seis más en Sincelejo.
La población LGTBI y la organización Narrar para Vivir son las otras dos organizaciones que registran amenazas a miembros de colectivos, con 3 integrantes amenazados cada una.
Los otros amenazados son veedores cívicos, reclamantes de tierras y miembros de organizaciones campesinas.
Un homicidio (y cuatro que aún no cuentan)
El único homicidio que aparece en los registros oficiales es el de un reclamante de tierras en el municipio de Los Palmitos, ocurrido en 2016.
Organizaciones de Derechos Humanos como el Movice han sido insistentes en que el asesinato de una líder cívica en San Marcos y el de tres hermanos que reclamaban un terreno en el municipio de Sucre, sur del departamento de Sucre, todos estos crímenes ocurridos a comienzos del 2018.
¿Por qué amenazan a los líderes?
Carlos Guerra Sierra, secretario de Gobierno de Sucre, sostuvo en una reciente declaración a la prensa que las recientes amenazas a los líderes en San Benito, San Onofre y Sucre (Sucre) son por la defensa y reclamo de tierras.
«Los estudios los trasladamos a la Unidad Nacional de Protección para identificar los riesgos de líderes sociales y les establezcan sus medidas para que sigan ejerciendo su trabajo», detalló.
El funcionario señaló que los más amenazados son defensores de Derechos Humanos y veedores de recursos públicos, para los cuales el Gobierno departamental ha pedido protección.
«Ellos manifiestan que las amenazas provienen de personas del común, de particulares o que pueden provenir de un grupo al margen de la ley. La Policía tiene identificados los pronunciamientos de los líderes y la Fiscalía viene investigando», indicó.
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