El pasado domingo el gobernador Héctor Espinosa Oliver, en la declaración junto a altos mandos de la Policía y del Ejército tras la masacre, anunció que la directora de la Agencia Nacional de Tierras visitaría Sucre.
La llegada de la funcionaria está programada para este jueves y se da en el contexto de que la masacre, según sospechan las autoridades, puede tener como móvil el conflicto por la propiedad de la tierras en una zona donde hay reclamos de la comunidad por sectores considerados de pertenencia ancestral.
Por eso el desplazamiento de la funcionaria, Myriam Martínez Cárdenas, a Sucre, ha generado expectativa no solo por la claridad que ella pueda dar sobre la propiedad de terrenos en disputa en el San Jorge y la Mojana, sino para evitar un nuevo derramamiento de sangre.
Las autoridades mantienen una recompensa de hasta $50 millones para quien dé información que permita el esclarecimiento de estos homicidios, entre cuyas víctimas figuran un padre y su hijo, todos pertenecientes a la etnia Zenú.
Los homicidios con el móvil de conflicto por tierras no es nuevo en Sucre. La zona más afectada ha sido la sur del departamento y ha cobrado muchas vidas, pese a las alertas tempranas con las que las autoridades han contado históricamente por parte de la Defensoría del Pueblo.
El hecho más reciente de esa naturaleza fue la masacre de tres hermanos en La Guaripa, donde los «Penso», como les conocían, reclamaban terrenos a William Martínez Santamaría, exdirector de Comfasucre y presunto determinador de la matanza de la que se defiende en libertad.
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