La crispación social de la ecoregión Mojana cada vez se tensiona más y más. El aumento del cauce del río Cauca y su desbordamiento hacia la cuenca baja del río San Jorge en el punto Caregato entre Nechí (Antioquia) y San Jacinto del Cauca (Bolívar) y luego éste, a la parte baja del caño Mojana, se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria y económica de grandes proporciones, y que está causando la misma devastación en el territorio, igual a lo ocurrido en los años 2010-2011. Y lo peor, sin que el territorio se haya terminado de recuperar de los calamitosos años de los picos más altos del fenómeno de la Niña en Colombia.
La protesta social se ha convertido en el único mecanismo que cientos de campesinos/as pobres, pequeños/as y grandes propietarios/as han encontrado como medio más fácil de llamar la atención al Gobierno nacional sobre el drama humanitario que vienen padeciendo desde hace más de 2 años, y del que hasta la fecha resulta incierta su finalización. Actualmente se han organizado medidas de hecho, como tomas de troncales nacionales, vías regionales, hasta plantones y paros, con tal de que el actual Gobierno tome las medidas necesarias para tapar el dique roto de Caregato, asociado a la ejecución del documento Conpes 4084 de mayo de 2022.
Las repercusiones que pueden dejar estas protestas son difíciles de dimensionar, pues en el territorio de la Mojana perviven una variedad de actores violentos y un sinnúmero de problemáticas sociales e históricas sin resolver, que pueden servir de escapismo social, y luego desencadenar una ola de inestabilidad institucional y social en los 11 municipios que integran la ecoregión.
La intensificación de la protesta social puede pensarse que está sujeta a las fluctuaciones de los cauces de los ríos y caños que irrigan a la cuenca baja del río San Jorge y caño Mojana, o a la intensificación o disminución de la variabilidad climática en el marco de la crisis climática mundial; sin embargo, esto va mucho más allá, pues es la sumatoria de una serie de buenas intenciones, acciones fracasadas y corrupción que han llevado a los pobladores/as del territorio sentirse abandonados y desprotegidos por el Estado y por los gobiernos de turno.
Miles de campesinos/as pobres sienten que las soluciones humanitarias no son suficientes por sí mismas, si no van acompañadas de propuestas viables estructurales que permitan la pronta recuperación económica del territorio, lo que significa que las acciones para resolver deben ser integrales, y que por supuesto, sean concertadas con pobladores/as; y que éstas comiencen con la mínima intención de buscar el cierre definitivo del boquete de Caregato. Pues de otra manera, la zozobra y la incertidumbre de producir desastres en el territorio estará en constante riesgo por temor a recurrentes a las inundaciones.
Las respuestas del gobierno central en cabeza del mismo presidente, ministros (Ambiente y Agricultura) y directores del Fondo Adaptación y de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), en vez de tranquilizar a los pobladores del territorio han hecho que se vaya agudizando el malestar en contra del Estado, pues lo planteado por el Gobierno de esperar que se amaine la ola invernal para buscar soluciones a la problemática no ha caído bien entre los pobladores, más cuando las ayudas y alivios económicos no son suficientes para resolver los compromisos y las pérdidas económicas de campesinos/as que han perdido su patrimonio a causa de las inundaciones. Este malestar social ha provocado que se le endilgue al Gobierno actual la culpa de lo que está aconteciendo, desconociéndose la culpa que tuvo el gobierno anterior en el despilfarro y la corrupción, y que hoy tenga a la Mojana sumida en una crisis económica y social.
Las acciones del Gobierno actual han estado hasta ahora pensadas, como se ha visto hasta el momento, para encontrar soluciones consensuadas con los pobladores/as mediante mesas de trabajo en donde se terminan pactando acuerdos. Sin embargo, el mismo Gobierno nacional los incumple. Esto ha generado el inconformismo social por parte de los habitantes de la Mojana sanjorgense, y también la pérdida paulatina de la credibilidad en las instituciones del Estado. De manera que se hace urgente que el Gobierno explique qué soluciones y proyecciones tiene para resolver el problema de la Mojana. Esta claridad sería lo mejor, y no la dilatación que tiene como fin, supongo, ganar tiempo de encontrar soluciones que beneficien al territorio mediante un enfoque de equidad y sostenibilidad ambiental, de tal modo que las acciones que se planteen disminuyan los impactos negativos en el ecosistema de humedales, y a su vez, pueda disminuir de manera simultánea la alta concentración de la tierra de la Mojana, una de las más altas de país, y en la disminución de los extremados indicadores de pobreza que existen en la ecoregión.
Una propuesta que desactivaría la bomba ambiental, social y económica en que se ha convertido en estos últimos años la Mojana estaría fundamentada en los siguientes siete puntos:
1. Una mesa técnica de alto nivel que se instale en el territorio, que garantice el diálogo social y la búsqueda de soluciones concertadas entre pobladores/as y gobierno. Esta mesa debe estar conformada por técnicos de Planeación Nacional, Minenergía, Minambiente, Minagricultura, Fondo Adaptación, Ungrd y los representantes de los sectores económicos y sociales de la Mojana.
2. Priorizar la Mojana con medidas de urgencia, la cual permita por parte del Gobierno nacional buscar estrategias que aseguren soluciones integrales y sostenibles que permitan que la Mojana se convierta en un territorio con una amplia perspectiva ambiental, económica y social.
3. Establecer veedurías ciudadanas para la inversión de los recursos y así salvaguardar el patrimonio natural de la Mojana.
4. Actualizar el inventario de caños, ciénagas y zapales de la Mojana, con el fin de proteger e intervenir en procesos de rehabilitación e interconexión de caños, y delimitar y demarcar sus áreas.
5. Intervención inmediata en la minería legal e ilegal en el bajo Cauca antioqueño, como medida de control en su impacto derivado de la sedimentación de los cauces de los ríos y caños, y por la contaminación de las aguas con metales pesados (revisión de los planes de manejo y de las licencias concedidas para extracción de oro) y por el uso de agroquímicos.
6. Intervención y reestructuración de las corporaciones autónomas regionales que tienen jurisdicción en el territorio de la Mojana.
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