La mesa directiva del Concejo de San Marcos 2016-2018 fue sancionada con seis meses de suspensión por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones.
La decisión, que se da en segunda instancia, es contra Tomás Gabriel Miranda Meza, presidente; Nancy Cristina Tobio Padilla, primera vicepresidenta, y Juan Carlos Pupo Dumar, segundo vicepresidente.
Ellos posesionar como concejal a Leandro Joaquín Luarte Cerro, pese a estar implicado en un proceso penal, y omitieron declarar la falta temporal al ejercicio del cargo.
Era tal la implicación de Cerro que este estaba cumpliendo con una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Es decir, se posesionó estando preso.
«La junta permitió que se dejara constancia de su asistencia en el acta de la sesión del 8 de mayo de 2018», concluyó la Procuraduría sobre Luarte.
El Ministerio Público calificó la conducta de los sancionados como grave a título de culpa gravísima, «por inobservancia y violanción manifiesta de normas de obligatorio cumplimiento, porque con su negligencia permitieron que, por espacio de siete meses y 11 días, Luarte ejerciera como concejal».
Al ser un fallo confirmado, esta es la última instancia de la decisión.
Comentarios en Facebook