Cuatro cabildos del municipio de Coveñas esperan la respuesta a una carta enviada al director de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), en la que alertan de graves daños ambientales por obras civiles.
La misiva es firmada por los los capitanes de Bajo Grande, Naranjo, Planada Villero y El Porvenir, quienes manifiestan su preocupación por la forma como se está dando el proceso para la construcción de la llamada Ruta al Mar.
Las autoridades indígenas aseguran que se trata de una obra impuesta a la comunidad y que no tiene en cuenta la diversidad de factores para un proyecto de esa envergadura.
«Vocación turística, asentamiento de comunidades étnicas, ecosistemas terrestres y marítimos y un sin número de actividades derivadas de las anteriores descritas. Consideramos que la concesión está vulnerando nuestros derechos, violentando y maquillando el proceso de construcción y recaudo», se lee en el documento.
El documento señala que hace más de tres años, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión de la vía han impuesto sus criterios sin tener en cuenta las inconformidades de los pobladores, por lo que se ha generado «un gran problema socioeconómico y ambiental con repercusiones a nivel municipal, departamental, nacional e internacional».
¿Peaje ilegal?
Una de las críticas es que el proyecto vial no cuenta con licencias ambientales, y cita un comunicado de Carsucre de número 1140 del 23 de octubre de 2017, que sugiere «un nuevo trazado geométrico de la vía para reubicar el peaje La Caimanera».
«Sigue funcionando, cobrando una tarifa por un servicio que no se está prestando, ya que es un hecho cierto que el recaudo no está siendo invertido en la misma vía sino en otros sectores, desconociendo el fin y el objeto de este tipo de tasas, dinero que, a la fecha, suma miles de millones de pesos, extraídos de un peaje ilegal».
«A hoy se han causado unos graves daños ambientales por la deforestación de la ciénaga La Caimanera, daños considerados casi que irreversibles en un tiempo no menor a treinta años, como lo señalan profesionales del sector que no han podido participar en dichos estudios. Esta ciénaga es una reserva de agua y manglar, está protegida nacionalmente mediante las resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente».
¿Acuerdos legítimos?
En Coveñas hay, desde la semana pasada, un pulso entre comunidades indígenas y los encargados del peaje La Caimanera, entregado en concesión por el Gobierno. La comunidad rechaza el peaje porque este, según afirman, solo les ha traído perjuicios en distintas áreas de las que se sustentan a diario.
Esa situación ya produjo un paro de horas y fue levantado luego de la presencia de líderes indígenas. A pesar del acuerdo, los firmantes de la carta alertaron de que, en la reunión para levantar el paro, solo hubo presencia de dos cabildos indígenas.
«Los cuales no representan a los 11 que se encuentran en el sector ni a la comunidad de afrodescendientes. Esta reunión no tiene validez para la población comprendida dentro y alrededor del Golfo de Morrosquillo ya que solo alientan unos propósitos para determinadas personas, siendo excluyentes de muchas voces que claman ser escuchadas y analizadas con real transparencia».
Por lo anterior, pidieron que la reunión prevista para el 12 de septiembre sea aplazada, con el fin de garantizar una participación efectiva de la comunidad.
«Solo encontramos un afán por parte del consorcio de reunir comunidades muy pequeñas, inexpertas en el tema, sin dar opción de una información entendible a sus capacidades, porque en este tipo de socializaciones debe haber igualdad de oportunidades, de conocimientos, entre las partes, para poder sellar un pacto serio, con responsabilidad social y equilibrio de información, la cual debe ser clara».
Copias de la carta fueron enviadas a la Contraloría, la Procuraduría, la ANI, el Ministerio del interior, el Ministerio del Medio ambiente, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
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